El embajador de la Unión Europea (UE) en nuestro país, Gautier Mignot, criticó ayer la política energética del gobierno mexicano, la cual, dijo, ha frenado “la inversión europea en energías renovables”.
Opinó que para que México pueda cumplir con sus metas en materia de reducción de emisiones de carbono debe aceptar más capitales privados en su sector energético a fin de aumentar el porcentaje de energías “verdes”, las cuales, en su criterio, deben abastecer “a las inversiones que están llegando por este nuevo fenómeno del nearshoring”.
Las expresiones del diplomático distan de ser novedosas. Desde 2019, diversos consorcios energéticos de la UE han buscado revertir el cambio de paradigma energético que ha tenido lugar en México y el cambio de rumbo con respecto a las políticas entreguistas de los gobiernos neoliberales, los cuales procuraron el desmantelamiento del sector público para favorecer los intereses de esas corporaciones.
En el afán de volver a las muy prósperas condiciones con las que realizaban negocios en el territorio nacional, tales empresas han recurrido a presiones de toda suerte y han empleado para ello a representantes gubernamentales de sus países, por separado o en conjunto, a organizaciones “no gubernamentales” supuestamente dedicadas a la defensa del ambiente, a las vías judiciales en tribunales nacionales e incluso a cabilderos que operan en el Legislativo federal.
Las declaraciones de Mignot forman parte de esta campaña, la cual no responde a preocupaciones por el deterioro ecológico ni al afán de impulsar la cooperación económica, sino a los intereses de las energéticas del viejo continente, cuyos planes de negocios se han visto afectados por el cambio de la política energética mexicana.
Cierto es que nuestro país debe acelerar la transición hacia una reducción sustancial del uso de combustibles fósiles y su remplazo por tecnologías menos contaminantes de generación eléctrica y producción de combustibles, pero esa transición se realizará en función del interés social y nacional, y no para satisfacer el ansia de utilidades de empresas trasnacionales disfrazadas de “verdes”.
Por otra parte, cabe preguntarse con qué autoridad moral pretende el representante de la UE dictarle a México directrices energéticas y ambientales, habida cuenta que el principal componente histórico de la contaminación acumulada desde la Revolución Industrial hasta la fecha proviene precisamente de Europa y que en nuestra época las estrategias energéticas oficiales han tenido resultados social y ambientalmente desastrosos en varios países de esa región.
Para ilustrar el punto, baste con citar dos casos: el de Alemania, que está produciendo más de 40 por ciento de su electricidad con carbón –una de las formas más contaminantes de generación eléctrica– y que en España tuvo lugar recientemente una grave crisis por los incrementos galopantes del servicio eléctrico, crisis que en buena medida fue impulsada por el desmesurado apetito de ganancias de los consorcios privados.
En suma, lo dicho por el embajador Mignot no puede interpretarse sino como una expresión del espíritu colonialista que la UE heredó de varios de sus integrantes, antiguos imperios que hoy quisieran restaurar, por la vía de las inversiones privadas, el dominio que antaño ejercieron sobre naciones de Asia, África y América Latina.
