Tesla puso la primera piedra de su refinería de litio en Texas, con la que pretender asegurarse el suministro del componente clave de las baterías para vehículos eléctricos. El director general de la empresa, Elon Musk, destacó que en esa planta se espera producir el elemento para alrededor de un millón de autos.
Durante el arranque de obras de la refinería de litio, que se perfila para ser una de las más grandes del mundo, Musk dijo que Tesla pretende terminar la construcción de la fábrica en 2024 y alcanzar la producción plena un año después.
“Mirando hacia el futuro unos años, un cuello de botella esencial en el avance de los vehículos eléctricos es la disponibilidad de litio de grado de batería”, destacó el empresario en el acto transmitido a través de Twitter.
La refinería de Texas es un proyecto que se conecta con una planta de ensamble de vehículos eléctricos en el área metropolitana de Monterrey, que implicará una inversión estimada en 5 mil millones de dólares hacia el país.
La Secretaría de Economía de Nuevo León no ha otorgado facilidades o incentivos económicos para que Tesla instale su nueva gigafactory en el municipio de Santa Catarina, mientras el gobierno federal indico que Presidencia posee esa información, revelan una serie de solicitudes de información.
Luego del anuncio de la inversión, La Jornada consultó vía transparencia a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía (SE), así como a la Oficina del Gobernador de Nuevo León y la Secretaría de Economía del estado, sobre cuáles fueron los incentivos para la instalación de la fábrica.
“Del análisis de la misma solicitud y previa búsqueda en los archivos con los que se cuenta se identificó que no se tiene información que pueda atender su solicitud, por lo que se sugiere dirigir su consulta a la Oficina de la Presidencia de la República”, respondió la SE, a cargo de Raquel Buenrostro.
La encomienda de Economía es promover la llegada de inversiones y facilitar que se establezcan en el país. En la pasada administración la instalación de la automotriz surcoreana Kia en el municipio de Pesquería, también en Nuevo León, derivó en un conflicto entre la depedencia federal, los gobiernos estatales y la misma empresa por los cuantiosos incentivos que se ofrecieron para la instalación de la ensambladora.