La reciente aprobación por el Congreso mexicano de la reforma a la ley minera, por diluida que sea según críticos, debería acompañarse de una profunda revisión y modificación de tratados de libre comercio y de inversión que otorgan a empresas mineras gran cancha para seguir demandando al país (ver La Jornada “Andanada de demandas contra México”, 13/3/23). Aunque sean empresas mineras extranjeras más pequeñas, llamadas “junior”, las más afectadas por la reforma, estas también pueden interponer demandas supranacionales bajo el mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado (ISDS). En muchos casos son financiadas por mineras más grandes que ya se quejan, en el portal Mining.com, de que las “agresivas” reformas de la ley minera “reducen el atractivo de México, ya que ahora las empresas tienen que hacer frente a una mayor carga de consultas previas, estudios de impacto (ambiental) y concesiones de agua, entre otras cosas” (trad. propia https://bit.ly/3B2XC3i).
La ministra de Comercio de Canadá, Mary Ng, ha instado a la secretaria de Economía, Alicia Buenrostro, a que México mantenga “el espíritu de los compromisos asumidos por los líderes en la Cumbre de Líderes del T-MEC” (https://bit.ly/3LYrrZn). Pero quién sabe a cuál “espíritu” se refiera Ng. El T-MEC no puede ser usado por mineras para demandar a México, pues allí, el sistema ISDS se mantiene sólo para empresas relacionadas con hidrocarburos y sólo entre Estados Unidos y México (anexo 14-E). Pero lo que sí pueden usar las mineras canadienses es el Tratado Transpacífico que nos heredó el gobierno de Peña, así como mineras estadunidenses que fácilmente pueden domiciliarse en Canadá (EU no es miembro de este tratado).
Esta discusión continuará el 12 y 13 de junio en la reunión del Diálogo Económico de Alto Nivel Canadá-México. Se suma al asedio de nuestros “socios” del norte. Como advierte un artículo en Naked Capitalism: “tanto Washington como Ottawa ya han amenazado con llevar a México a un mecanismo de resolución de disputas por las reformas energéticas del gobierno de AMLO y la propuesta de prohibir las importaciones de maíz transgénico. Ahora, el gobierno de AMLO quiere cambiar radicalmente las reglas del juego para el enormemente lucrativo sector minero de México, que es una fuente importante de metales industriales y otros minerales para los fabricantes mundiales” (https://bit.ly/3HGD5FH).
Pero la solidaridad internacional es expedita. El Grupo de Justicia Comercial del capítulo de Northumberland del Consejo de Canadienses declara: “Durante demasiado tiempo el gobierno canadiense ha antepuesto los intereses de empresas mineras con sede en Canadá a los derechos de pueblos indígenas y campesinos de México. Canadá necesita frenar la promoción de intereses de empresas mineras que han puesto en riesgo a las comunidades locales y avanzar más allá de la autorregulación voluntaria, para promulgar una legislación estricta que rija las actividades mineras canadienses en el extranjero. El gobierno mexicano ha comenzado a aprobar leyes mineras para proteger tanto a trabajadores como a comunidades vulnerables, centrándose en la observancia de los derechos humanos y la protección del ambiente. En lugar de oponerse a estas nuevas normativas iniciales, Canadá debería aplaudir y prometer su apoyo”.
Otro ejemplo de solidaridad internacional ante abusos corporativos es la carta que la senadora Elizabeth Warren y el representante Lloyd Doggett –firmada por más de 30 congresistas y auspiciada por organizaciones no gubernamentales– enviaron la semana pasada a la representante de comercio de EU Katherine Tai y al secretario de Estado Tony Blinken, demandando la eliminación del sistema ISDS. El motivo de la carta Warren-Doggett es la estratosférica demanda interpuesta contra Honduras en el Ciadi, por la empresa estadunidense Próspera por 10 mil 700 millones de dólares, que equivale a dos terceras partes de su presupuesto o unas cuatro veces de su gasto social anual.
Próspera ( https://prospera.hn/) fue establecida bajo la inconstitucional ley hondureña de zonas de empleo y desarrollo económico (ZEDE), la cual fue derogada por el gobierno de Xiomara Castro en 2022. Como indica la carta Warren-Doggett, las ZEDE son ciudades privadas (en el caso de Próspera en la isla de Roatán), donde empresas operan casi independientemente del gobierno hondureño, estableciendo sus propios códigos fiscales, sistemas judiciales y leyes laborales. Solicitan al gobierno de EU “que intervenga –a través de una declaración de apoyo, un amicus curiae y cualquier otro medio a su disposición– en apoyar la defensa de Honduras en el caso de la demanda ISDS interpuesta por Próspera, para garantizar que casos tan atroces dejen de perturbar la formulación de políticas democráticas, y a trabajar para la eliminación de obligaciones bajo ISDS en acuerdos prexistentes en nuestro hemisferio” (https://bit.ly/42roTbp).
Ante esta muestra de solidaridad, Enrique Reina, secretario de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras, dijo: “Agradecemos la nota de apoyo a Honduras de 33 Congresistas Demócratas contra de mecanismos de demanda en el caso de ZEDES.” Rodolfo Pastor, secretario de Estado de la Presidencia de Honduras, afirmó que “la solidaridad internacional contra mecanismos que amenazan la soberanía de las naciones resulta crítica en un contexto en que Honduras busca defender su territorio y sus recursos naturales de la corrupción que somete al Estado al capricho del interés privado”.
México, Centroamérica y toda América Latina deben unirse para repeler el mecanismo de resolución de demandas inversionista-Estado. La Unión Europea lo está eliminando entre sus propios países; Canadá y Estados Unidos lo eliminaron entre sí en el T-MEC. ¿Si países ricos pueden eliminar este perverso sistema, porqué los nuestros ni lo discuten?
*Investigador del Institute for Policy Studies www.ips-dc.org
