A tres años del decreto que ordenó la extinción de 329 fideicomisos, todavía hay en operación 191, con una disponibilidad de 569 mil millones de pesos, según el informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, entregado al Congreso por la Secretaría de Hacienda y que se envió a la Cámara de Diputados.

Del total de esos recursos, 93 por ciento se concentra en sólo 25 fondos, según el documento con corte al 31 de marzo, y de éstos, en cuatro se acumula 42 por ciento y el reporte no explica el retraso en el cierre de esos instrumentos.

Se trata del Fideicomiso Fondo de Salud para el Bienestar, que tiene 79 mil 425.7 millones de pesos (13.9 por ciento) y que deberán transferirse a IMSS-Bienestar a partir de la reforma que desapareció al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Además, el Fideicomiso público de administración y pago para la contratación de servicios y obra pública, donde existen 65 mil 886 millones: esto es 11.6 por ciento.

Del Fideicomiso 1936, Fondo Nacional de Infraestructura, que acumula 52 mil 727.5 millones de pesos, es decir, 9.3 por ciento del total, y del Fideicomiso público de administración y pago de equipo militar, que incluye 41 mil 425.7 millones, esto es 7.2 por ciento, y que no forma parte de la reforma del Congreso que ordenó la cancelación de esas operaciones.

Entre los fideicomisos que todavía funcionan, a pesar de que ya cumplieron su objeto, está el constituido por la Cámara de Senadores para la construcción y equipamiento de su recinto, en Paseo de la Reforma, que se estrenó en abril de 2011.

La sede tuvo un costo calculado en 2 mil 300 millones de pesos, pero el fideicomiso, que opera Banobras, todavía acumula 848 millones 668 mil pesos. De esos recursos, el Senado paga –según el reporte– impuestos, predial, derechos por suministro de agua y energía eléctrica.

Asimismo, Hacienda reportó que al primer trimestre de este año se habían extinguido o dado de baja 16 actos jurídicos, entre los más relevantes por su monto, el Fideicomiso preventivo, que tenía por objeto obras no previstas y de carácter emergente, y cuyos lineamientos de operación, firmados por el entonces secretario de Gobernación Santiago Creel Miranda, entraron en vigor en agosto de 2002.

Al 11 de enero, cuando fue dado de baja, ese fondo contaba con mil 334 millones de pesos.

En la información hay otros 44 en proceso de extinción, y de éstos, hay algunos que tienen un avance reducido, por ejemplo el Fideicomiso Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine), que en octubre de 2020 –cuando se votó la reforma– disponía de 224.2 millones de pesos.

Para avalar su desaparición, Morena afirmó que se buscaba eliminar “la opacidad y discrecionalidad en el uso de recursos públicos y fomentar la transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad”. A marzo, el avance de extinción era de 20 por ciento.