De las 249 personas que han obtenido su libertad a través de la Ley de Amnistía, 26 pertenecen a comunidades indígenas, según datos oficiales. Para abogados y especialistas que acompañan estos casos, el bajo número de beneficiarios se debe a “la falta de eficiencia” y a lo tardado del proceso, pues en promedio lleva hasta un año y cinco meses en resolverse, además de que en este tiempo la comisión encargada de atender las solicitudes no informa acerca de su estatus y cuando el resultado es negativo, no argumenta claramente la decisión.
En la presentación del informe “La Ley de Amnistía en México”, Olimpia Martínez, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, expuso que hay una falta de transparencia en la aplicación de esta norma. Indicó que de las 2 mil 300 solicitudes que ha recibido en total la Comisión de Amnistía, de 2020 a la fecha, “58 por ciento han sido negadas y no sabemos por qué sucede esto”.
Vía transparencia, señaló, sólo “nos dicen que a lo mejor el delito por el cual la persona hizo la solicitud no se sujeta al artículo primero de la ley”. Sin embargo, explicó, hay una contradicción, porque se supone que de acuerdo con ese numeral “todas las personas indígenas, por cualquier delito, podrían acceder a este beneficio, pero el artículo 2 dice que no cuando son delitos de alto impacto”.
Asimismo, resaltó que otra de las dificultades que enfrentan es que el proceso es muy tardado, lo que genera incertidumbre en los posibles beneficiarios. “En estos tiempos no sabemos qué pasa”, enfatizó.
A su vez, Gerardo Martínez coordinador de litigio estratégico del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, expuso que una vez que son liberadas estas personas quedan a su suerte, ya que tampoco hay programas que abonen a la reinserción social en comunidades indígenas.
Mencionó que tras el acompañamiento de ocho casos en Oaxaca, de los cuales en tres ya se les concedió la amnistía, han observado que no hay una ruta hacia la reinserción comunitaria, ni un seguimiento pospenal.
“El Estado no genera condiciones, no se vincula con las autoridades indígenas de las comunidades de donde son originarias las personas para ver los mecanismos para que se reincorporen”, sostuvo.
