Para evitar actos que violen los derechos humanos de los migrantes y se acate la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración (INM) alista una propuesta con el fin de que los abogados del Instituto Federal de Defensoría Pública tengan acceso a las estaciones migratorias para que apoyen y orienten a los indocumentados.

A raíz de que la primera sala de la Corte resolvió el pasado 15 de marzo que “en todo procedimiento migratorio el Estado se encuentra obligado a asignar un defensor de oficio a la persona migrante”, miembros de este Consejo Ciudadano buscan llevar una propuesta al INM para que se cumpla este mandato judicial y verdaderamente exista el acceso a los abogados en estos centros sin pretextos por parte de los funcionarios de Migración.

La propuesta aún no está terminada, pero confían en que podría estar lista en un mes y se ofrezcan dinámicas de ingreso y permisos para cumplir con esta disposición de la Corte, la cual también estipuló que los plazos de detención y alojamiento en estaciones migratorias es de 36 horas, por lo que ya es inconstitucional que permanezcan entre 15 y hasta 60 días hábiles en éstas.

La primera sala de la SCJN determinó que quienes se encuentran en estas estaciones del INM tienen derecho a una defensa en materia migratoria, la cual es “irrenunciable y constituye una de las garantías que integran el debido proceso”, por lo que el Consejo Ciudadano buscará que se aplique en la práctica y no quede en letra muerta.

La resolución del pasado 15 de marzo estableció que “en todo procedimiento migratorio, ya sea frente a la imposibilidad o la negativa de una persona migrante de designar a una persona para su defensa adecuada, el Estado se encuentra obligado a asignarle una persona defensora de oficio, de forma irrenunciable, como medida necesaria y reforzada para su protección”.

Por ello es que se trabaja en esta propuesta para que el INM cumpla con el mandato de la Corte.