La Presidencia de la República, a través de su Consejería Jurídica, hizo una pesada advertencia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): de no votar en el sentido que el Poder Ejecutivo Federal considera que debe hacerse, en el polémico tema del llamado plan B electoral, el Poder Judicial de la Federación “violará el principio de división de poderes y el equilibrio que debe existir entre éstos”.

Aún más, según esa Consejería, la Corte estaría “sustituyendo” al Poder Legislativo Federal. La dura acusación de golpismo judicial no está incluida en el cuerpo del comunicado que ayer dio a conocer la oficina a cargo de la abogada María Estela Ríos González, quien sustituyó el 2 de septiembre de 2021 al muy protagónico Julio Scherer Ibarra. Pero el término “sustituyendo” sí está asentado en el título de tal documento en términos inequívocos: “De invalidarse el proceso legislativo del plan B, la SCJN estaría sustituyendo al Congreso de la Unión” (https://bit.ly/42QkIGD).

La insólita descalificación preventiva de lo que hoy habrán de resolver los ministros de la Corte restriega a este poder su falta de certificación social en urnas: “Al tratarse de un poder derivado, sin legitimación popular, la SCJN no debe restringir las atribuciones que la norma fundamental concede al Poder Legislativo para regular el trámite de elaboración de las normas, siempre y cuando sean resultado de la voluntad mayoritaria de los integrantes del Congreso de la Unión”.

Este grave diferendo entre poderes (hablar de que uno sustituiría a otro son palabras mayores en términos constitucionales, políticos y sociales) tiene como referencia inmediata el proyecto de resolución que ha elaborado el ministro Alberto Gelacio Pérez Dayán para que hoy sea discutido y votado en la Corte.

Pérez Dayán considera que hubo el suficiente número de violaciones al proceso legislativo para ni siquiera entrar al fondo del tema, sino declararlo inválido. El asunto se centra en las reformas legislativas que forman la primera parte del llamado plan B electoral, en específico lo relacionado con las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, según lo aprobado en diciembre del año pasado por las cámaras, conforme a ese plan alternativo que llevó al presidente López Obrador y su mayoría simple, no calificada, en las cámaras, a proponer y lograr modificaciones a leyes secundarias y no a la Constitución.

Para que se invalide esa primera parte del plan B se necesita que ocho ministros, de 11, apoyen la propuesta de Pérez Dayán. Ya sucedió que ocho ministros rechazaran una determinación legislativa sumamente importante para el gobierno obradorista, la referente a la transferencia operativa y administrativa de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

En términos doctrinales, la Corte es la instancia constitucional facultada para establecer controles a los eventuales excesos o errores del Legislativo. Pero la guerra tan declarada no se sustenta en lo jurídico, sino en lo político: la llegada de la ministra Norma Piña a la presidencia de la Corte ha significado un cambio de expectativas y resultados respecto a la etapa de acompañamiento a las líneas presidenciales que practicó Arturo Zaldívar, a quien se esperaba que relevara la ministra Yasmín Esquivel, puesta fuera de combate a causa de una denuncia de plagio en su tesis de titulación profesional.

Hoy está programada la resolución de este episodio clave en la guerra política entre la Corte (que bajo la presidencia de Piña ha emitido varias resoluciones que parecieran responder a intereses contrarios a la llamada 4T) y Palacio Nacional (que no ha ahorrado declaraciones y, ahora, comunicados, para señalar corrupción, ineficacia y falta de compromiso popular de ese Poder Judicial). Por cierto, el edificio de la Corte tiene grupos a la entrada que impugnan rudamente a los ministros y sus decisiones. ¡Hasta mañana!

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