Ciudad de México. Desde 2011, cuando empezaron los procesos de consulta sobre el presupuesto participativo en la capital a 2021, se registraron más de 400 denuncias en todas las alcaldías por irregularidades en la gestión de los recursos, que derivaron en 253 sanciones administrativas impuestas por la Contraloría General, de acuerdo con datos de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Para los consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México, la gestión de los recursos por las alcaldías es “una caja negra” por la opacidad y discrecionalidad en la dictaminación y ejecución de los proyectos, por lo que en una reunión con diputados locales pidieron reformar la Ley de Participación Ciudadana para frenar las anomalías.

“Ni la ciudadanía ni el instituto tienen acceso a la información sobre la ejecución de los proyectos, que depende de las alcaldías. Es un paso fundamental que se transparente toda la información relacionada con las licitaciones, adjudicaciones, currículum de las empresas y evidencias fotográficas. Nosotros podemos sistematizar la información y ponerla a disposición de la ciudadanía”, dijo el consejero electoral Ernesto Ramos Mega.

Por su parte, el consejero Mauricio Huesca propuso crear un órgano estatal que se encargue de dictaminar los proyectos, ya que en la actualidad las alcaldías modifican proyectos una vez dictaminados, pese a que la ley lo prohíbe.

Involucran a hermano de Christian von Roehrich

En el histórico de datos, Coyoacán es una de las alcaldías que más denuncias y sanciones tienen. Precisamente, la semana pasada vecinos de la unidad habitacional Alianza Popular Revolucionaria denunciaron la contratación de la empresa Sansiba SA de CV para modernizar elevadores con recursos del presupuesto participativo 2022, sin que estuviera registrada en el padrón de proveedores de la Secretaría de Administración y Finanzas, y cuyos trabajos se hicieron con un sobreprecio de más de 70 mil pesos.

Los vecinos acusaron a cuatro funcionarios de la alcaldía de firmar documentación apócrifa relacionada con la contratación, entre ellos el ex director de Recursos Materiales y Servicios Generales Fernando von Roehrich, hermano del ex alcalde de Benito Juárez Christian von Roehrich, preso por corrupción.

En una misiva se quejaron de las fallas que ocasionaron en los elevadores de la torre 26, donde hubo quema de fusibles; averías en los llamadores de los 16 pisos del edificio; quema de focos dentro de la cabina del elevador; suspensión repentina del ascenso y descenso, y la no apertura de puertas.

Los vecinos solicitaron la rescisión del contrato ante la alcaldía gobernada por Giovani Gutiérrez, y la reparación de los daños, sin que hasta el momento haya dado solución.