Ciudad de México. El robo de cables de cobre, empleados para ofrecer distintos servicios públicos, casi se cuadruplicó en los pasados cuatro años en el país. Se trata de un delito que afecta principalmente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa estatal que perdió cerca de 488 millones de pesos en nueve años.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), por el hurto de cables y tubos se reportaron 461 denuncias en 2019, cifra que se elevó a mil 736 de enero a diciembre del año pasado.

De acuerdo con fuentes del sector industrial, las víctimas de estos actos delictivos no sólo son firmas privadas, sino en mayor medida el sector público, como la mencionada empresa del Estado.

Los datos más recientes disponibles sobre la afectación a la CFE revelan que entre 2012 y el primer trimestre de 2021 perdió más de 488 millones de pesos por el hurto de cobre. Aunque este diario solicitó datos actuales a la empresa estatal, el área de comunicación no respondió a la petición.

De acuerdo con una consulta a la plataforma de acceso a la información, la CFE señaló que el monto aproximado por el robo de cable conductor de cobre entre los años 2013 a 2022 ascendió a 5 millones 545 mil pesos. En ese lapso fueron hurtados 195 mil 360 metros del material, delitos que fueron cometidos principalmente en la Ciudad y el estado de México.

Anotó que para evitar estas acciones en almacenes y subestaciones cuenta con seguridad privada armada y ha instalado equipos de videovigilancia y mejorado el alumbrado de las instalaciones, mientras en líneas se cuenta con el apoyo de seguridad pública y Sedena para monitoreo.

Juan Manuel Chaparro, vicepresidente de Fomento Industrial del Sector Metalmecánico de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), comentó a La Jornada que “el robo del cobre sigue siendo atractivo en forma creciente para los amantes de lo ajeno”.

Anotó que el metal se sustrae tanto del sector público como privado, porque “su comercialización se realiza con mucha facilidad en los centros de acopio denominados ‘chatarreros’ de desperdicios industriales”.

Agregó que en estos establecimientos no sólo se recibe cobre sin cuestionar su origen, sino también metales como acero y aluminio, que son pagados en efectivo.

Evidencia borrada

Chaparro comentó que “la denuncia de estos robos es muy pobre, ya que su evidencia es ‘borrada’ en gran parte de los actos por el proceso de fundición que se realiza al final”.

Sólo en el primer bimestre de este año, el SESNSP reportó que se han presentado 195 actos de robo de cables y tubos utilizados para proporcionar servicios públicos, dato que observó una reducción de 36.06 por ciento frente a igual lapso del año pasado, cuando el gobierno federal registró 305 casos. Sin embargo, la cifra de enero a febrero de este año representó un alza de 137.80 por ciento frente al mismo periodo de 2019, cuando las autoridades sólo reportaron 82 casos.

Chaparro comentó que los más beneficiados con este delito son los centros de chatarra, que reciben el metal, que es fundido en las mismas instalaciones o bien por terceros.

“Cualquier huella de rastreo de estos metales queda borrada, y si son de procedencia ilícita –robo de tubería de cobre de casa habitación, alumbrado público, registros subterráneos o centrales eléctricas o de instalaciones donde se fabrican transformadores o de comercios del sector eléctrico– no hay manera de rastrearlos”, indicó.

Apuntó que la sustracción de cobre provoca falta de suministro de energía, pero también representa afectaciones económicas para el erario.

Agregó que las empresas privadas afectadas por la sustracción de cobre son los fabricantes de tuberías, transformadores eléctricos, arneses o de partes conductoras para distintas aplicaciones.

El hurto de cobre y otros metales no sólo es perpetrado en las instalaciones de empresas públicas y privadas, sino también durante su movilización en el territorio nacional.

Datos de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) muestran que entre enero y septiembre del año pasado aumentó 1.26 por ciento el robo de metales y chatarra en tren frente a igual lapso de 2021.

El robo de materiales de construcción que se movilizan en unidades ferroviarias, que incluye metales como acero y cobre, avanzó 13.90 por ciento en entre el primer y tercer trimestres de 2022 respecto a igual lapso de un año atrás.

La suma de ambas categorías es la segunda con mayor incidencia detrás del hurto de granos.

La agencia gubernamental reportó que el vandalismo en el sistema ferroviario mexicano, el cual incluye robo a componentes de vías y señales, ascendió a 336 reportes entre enero y septiembre del año pasado, dato que representó una reducción de 15.35 por ciento frente a igual lapso de 2021, mientras frente a 2019 el dato mostró un retroceso de 5.08 por ciento.

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