Ciudad de México. El robo de cable en el servicio de transporte e instalaciones hidráulicas ha derivado en la presentación de 39 mil 425 denuncias en esta administración del gobierno capitalino, y es la alcaldía Cuauhtémoc la que concentra el mayor número, con 8 mil 665.

Sin embargo, de 2019 a la fecha, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no reportó carpetas por el delito de robo de cables, tubos y otros objetos destinados a servicios públicos ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que en el país sumó 5 mil 21, que representa 276.5 por ciento en este sexenio.

En respuesta a una solicitud de información sobre la sustracción de cable en el servicio de transporte público e infraestructura, señaló que “los robos de objetos” han ido a la baja de 2019 a la fecha en la mayoría de las alcaldías.

Sin embargo, en Coyoacán, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza se presentaron en dicho lapso 6 mil 416, 6 mil 53 y 6 mil 44 denuncias, respectivamente.

La presencia de bandas dedicadas a la comisión de este delito no fue dada a conocer por la dependencia capitalina, como tampoco el monto de lo sustraído y las colonias con mayor riesgo.

Esta situación “representa un gran negocio para quienes se dedican a este ilícito, porque la mayoría de los casos quedan impunes, cuando la pena mínima aplicada sería de cuatro a 10 años y la máxima de 15 a 17 años”, explicó Héctor Segovia.

El especialista en derecho y sistema penitenciario de la Universidad La Salle señaló que puede “tipificarse el delito de robo en pandilla, asociación delictuosa y delincuencia organizada, y el gobierno es la víctima”.

Se trata de un crimen en el que intervienen “un grupo de personas, entre quien maneja, corta y traslada a su disposición final, donde estarían participando servidores o ex servidores públicos que saben cómo cortar la corriente y evitar una electrocución”.

Las cámaras del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México, indicó, “deberían aportar las imágenes de quienes cometen este delito y adónde trasladan lo hurtado”.

Pero eso no ocurre, y aun cuando los organismos afectados por esta situación, como el Sistema de Transporte Colectivo Metro o el Servicio de Transportes Eléctricos presentan denuncias, no se detiene a los involucrados.

La aprehensión de quien compra este material para después venderlo, que incurre en el delito de encubrimiento por receptación, “tampoco sucede, y si las autoridades le pegaran a éstos, acabarían con este mercado negro”, aseguró.