Hace ya más un siglo que el sabio Antonio Raymondi (1824-1890), naturalista, investigador, geógrafo y explorador, que vivió muchos años en Perú, decía en uno de sus libros que ese país tenía un gran porvenir y sólo recomendaba a los líderes políticos que dejaran de pelearse entre ellos y pensaran en la patria.

Al parecer no le hicieron caso, la pugna política en el país sudamericano es permanente y la estabilidad democrática pende de un hilo, pero paradójicamente se mantiene. Y la legalidad, a pesar de todos sus de atrasos, sigue su curso inexorablemente. Hace unos días se logró la extradición desde Estados Unidos de Alejandro Toledo y ha sido encarcelado por corrupción en la trama brasileña de Odebrecht.

Tres ex presidentes están juntos, pero no revueltos, en la cárcel de Barbadillo, especialmente diseñada para acoger a los ex presidentes acusados o condenados, como Alberto Fujimori, Pedro Castillo y, ahora, Alejandro Toledo. Otro, Pedro Pablo Kuczynski, está en su casa en prisión domiciliaria. Faltan dos más, Ollanta Humala, que sigue su proceso en libertad, y Alan García, que se escapó por la puerta falsa y se suicidó. En total, seis.

El único que se ha librado, pero tiene algunas demandas por compras irregulares durante la pandemia, es Martín Vizcarra y le sigue en la lista la actual presidente Dina Boluarte por su respuesta sangrienta a las movilizaciones de la sierra Sur, que exigían nuevas elecciones.

También está a la espera de una resolución final la señora Keiko Fujimori, candidata eterna a la presidencia y acusada de delitos electorales y lavado de activos en el financiamiento de sus campañas.

Por lo visto es una carrera de alto riesgo llegar a ser presidente de Perú. Las demandas son implacables y la justicia ha sido tarda, pero efectiva. Los que salen mejor librados son los congresistas, en buena parte porque tienen fuero y se apoyan en las bancadas. Pero ya hay demandas a congresistas porque los asesores tienen que mocharse con parte de su salario. A su vez, el congresista se mocha con el partido o el líder. Toda una cadena de corrupción y complicidades.

También han sido demandados ministros de diversas carteras por corrupción, especialmente durante el gobierno de Pedro Castillo. Toda una cadena de corruptos, cada quien de acuerdo con sus posibilidades. La oligarquía y el empresariado, especialmente el club de la construcción, ha sido enjuiciado por obras públicas con sobreprecio, muchas de éstas ligadas con el gran corruptor brasileño Odebrecht.

El caso Odebrecht ha sido muy importante para enjuiciar a Alan García, Alejandro Toledo y Ollanta Humala, que exigían millones de dólares; nada que ver con Castillo, que sus coimas eran de poca monta considerando lo que se llevaban los presidentes ilustrados. Odebrecht, en Perú, aseguró a la fiscalía de ese país que la constructora le pagó 20 millones de dólares a Toledo a cambio de la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur. Por su parte, los líos de Ollanta Humala tienen que ver con el financiamiento de Chávez para su campaña e, incluso de Lula, que le indicó a Odebrecht que lo apoyara con medio millón de dólares. La esposa de Humala también tiene cola.

Los gobernadores regionales y alcaldes también están en la lista y algunos en la cárcel. El líder del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, que postuló a la presidencia a Castillo, estaba procesado por corrupción y no pudo figurar en la boleta como vicepresidente. Por su parte, la alcaldesa de lima, Susana Villarán, también recibió dinero de constructores para su campaña y fue encarcelada.

El drama de la corrupción en Perú atraviesa prácticamente todo el espectro político, de extrema derecha a extrema izquierda, y a los distintos estratos sociales y profesionales. Ahora se debate el doctorado patito de la Fiscal de la Nación, que no ha podido mostrar su tesis de doctorado y la universidad dice que no guarda copia. Algo parecido a lo que se debate sobre el caso de Yasmín Esquivel en México.

Como quiera, el sistema de justicia peruano puede caminar, a pesar de miles de trabas y trampas, por la entereza de algunos fiscales, como Rafael Vela y José Domingo Pérez, encargados del equipo especial que investiga el caso de Lava Jato (Odebrecht) y las fiscales Magaly Quiroz, Rocío Sánchez y otras adjuntas, quienes develaron el caso de los “cuellos blancos del puerto”, donde toda una mafia de jueces estaba coludida con el crimen organizado y además pretendía sobreseer el caso de la llamada “Sra. K”, nada menos que la “número uno “, Keiko Fujimori, que sigue dilatando el juicio e inventando amparos.

Un equilibrio difícil, pero, a final de cuentas, un ejemplo para muchos países de Latinoamérica que dejan libre e intocados a los políticos de alto nivel, funcionarios corruptos y también a los corruptores.

La justicia en Perú funciona a trompicones, pero funciona, lo que está en veremos es la democracia, no se sabe cuándo serán las próximas elecciones, es lo mínimo que se puede pedir.