Madrid. Una manifestación de policías y agentes de la Guardia Civil española recorrió ayer las calles de Madrid para exigir al gobierno, del socialista Pedro Sánchez, un salario y una jubilación dignas, al reiterar su reivindicación de la equiparación salarial con los agentes autonómicos de Cataluña y el País Vasco, que pueden llegar a ganar al mes hasta 20 por ciento más.

Según la delegación del gobierno en Madrid, la marcha congregó a 7 mil 500 personas, mientras los sindicatos policiales que convocaron la protesta la cuantificaron en 80 mil. El acto comenzó a las 12 horas en la rotonda de la Puerta de Alcalá y al finalizar el recorrido en la Plaza de las Cortes se leyeron diversos manifiestos.

Los dos principales sindicatos y asociaciones de profesionales de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que son a su vez los dos cuerpos de seguridad ciudadano del gobierno central, decidieron salir de nuevo a las calles para mostrar su malestar por las “promesas incumplidas” del actual gobierno, como han venido haciendo en los recientes meses de forma periódica y recurrente para exigir una equiparación salarial con los otros cuerpos policiales del Estado.

Las dos plataformas sindicales, Jusapol y Jucil, sostienen que las brechas en salario y jubilación con los policías catalanes y vascos se está ensanchando, ya que, según ellos, un agente de la Guardia Civil o de la Policía Nacional puede llegar a cobrar una pensión de mil euros menos a la de los agentes autonómicos, además de tener un salario hasta 20 por ciento inferior.

“La diferencia entre un guardia civil o un policía nacional con relación a un mosso d'esquadra de la policía autonómica catalana supera en la actualidad los mil euros mensuales de pensión y además puede jubilarse seis años antes”, señaló Jusapol.

La plataforma denuncia una “doble discriminación”: aquellos que verán calculada su pensión en función del antiguo régimen de clases pasivas y que ingresaron antes del año 2011 y, por otro lado, las cuantías “considerablemente inferiores a las que perciben los funcionarios de las policías autonómicas y que pueden alcanzar una diferencia de hasta mil euros mensuales”. Entre sus principales reivindicaciones destacan los cambios normativos para el cálculo de sus pensiones e igualar los beneficios laborales.

El presidente de Jusapol, Miguel Gómez, explicó que ellos “son los únicos oficiales de España a los que no se les reconoce como profesión de riesgo. Y estamos cansados que atenten contra nuestra dignidad profesional, tratándonos como a una agente menor. Y eso se arregla con una cuestión de voluntad política, si quieren la igualdad para nosotros o no”.

“Las diferencias económicas existentes son el resultado de 30 años de abandono por parte de los Ejecutivos, puesto que nunca han querido reconocer nuestra profesión de la misma forma que a nuestros homólogos autonómicos”, apuntó Gómez, quien destaca que cuentan con un salario inferior pese a tener “más competencias y un despliegue nacional”.

A la marcha también se sumaron los sindicatos y las agrupaciones de trabajadores del sistema nacional de prisiones, al menos las que están administradas por el gobierno central, que también exigen mejores condiciones salariales y de jubilación. En este colectivo también se denuncia las diferencias económicas respecto de sus homólogos bajo gobiernos autonómicos de Cataluña y el País Vasco, que reciben mejores salarios y jubilación.

El sindicato CSIF, al que están adscritos la mayoría de los empleados públicos, explicó que los agentes penitenciarios necesitan gozar del “reconocimiento como oficiales de autoridad ante el incremento de episodios violentos en las cárceles, además de disminuir la diferencia de entre 7 mil 900 y 10 mil euros anuales de media respecto de los funcionarios autonómicos.