Las aplicaciones no reguladas de préstamos, conocidas como montadeudas, extienden sus operaciones fuera de las fronteras mexicanas para esquivar cualquier regulación nacional que se les pueda aplicar. Además de los países de Centroamérica, operadores de cobranza que trabajan desde México exigen pagos a usuarios de Ecuador, Perú, Colombia, incluso fuera del continente, a residentes de España.

Fue a partir de los primeros cateos a los llamados call centers, en agosto del año pasado, que se llevaron a cabo modificaciones en sus operaciones, según relatan trabajadores cesados de dichas aplicaciones. Narran a este medio que primero se les envió al trabajo desde casa y, paulatinamente, se les designaron gestiones de cobro a residentes fuera del país, incluso hay posibilidades de movilidad laboral para dirigir los call centers de las “financieras” en otras naciones.

Este medio pudo comprobar que ahora los cobradores en México tienen como tarea exigir los frutos del agio a ciudadanos de Guatemala, Belice, Ecuador, Perú, Colombia y España, mientras el esquema va de regreso: la cobranza a mexicanos no se ha dejado de hacer desde aquí, pero ahora también es transfronteriza, desde otros países de habla hispana. Todo mediante WhatsApp.

Los montadeudas son un esquema de extorsión a través de aplicaciones digitales. En ellas se ofertan créditos fáciles, rápidos, sin mayores requisitos que acceso a información del dispositivo. Eso en el mejor de los casos. Lo expedito es el gancho, pero los sobreintereses anclan a los usuarios. Un adeudo de 5 mil pesos puede fácilmente duplicarse en menos de un mes.

El cobro del capital y los intereses se realizan mediante persuasión en el mejor de los casos. “Le dices al cliente que tienes una promoción. Por ejemplo, si pidió 10 mil pesos y ahora debe 19 (mil), le dices que les vas a bajar 7 mil pesos ‘de su crédito’, pero eso aplica sólo sobre las cuotas de penalización”, explica una persona que se ha ocupado en estos esquemas.

“Depende del ‘estilo’ de cada cobrador y de la financiera con la que trabajes. Hay unos que no te permiten gritar ni amenazar al cliente, sobre todo después del desmadre que se armó. En el primer lugar en el que estuve sí les hacían de todo, les enviaban nudes a sus contactos y los fichaban en sus redes sociales, les gritaban groserías”, explica otro ex trabajador. Entre los consultados nadie se anima a hablar fuera del anonimato.

“Existe un vacío legal, ya que a este tipo de aplicaciones no se les considera fintech y quedan fuera del alcance de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y la Procuraduría Federal del Consumidor”, explica Jorge Sánchez Tello, consultor privado independiente.

“Hoy en día se les podría sancionar por delitos del fuero común, extorsiones, cobranza ilegal y ser atendidos por las fiscalías de los estados.”

Los montadeudas están lejos de ser organizaciones improvisadas o ceñirse a una operación local. Con quien se hable –que esté o haya estado empleado dentro de estos esquemas– refiere que los responsables de los centros telefónicos desde los que se dirige la operación son extranjeros que hablan una lengua que por la fonética parece sino-tibetana, y tienen varias aplicaciones operando al mismo tiempo a nivel internacional.

Muchos de los jóvenes que se enteran de este tipo de trabajo afuera de estaciones del Metro o por recomendación de un conocido, también llegan con engaños: “ejecutivo financiero”, “ejecutivo de cobranza”. Una vez ahí, el lenguaje sigue emulando el de una institución financiera. Incluso, parte de los empleados están dados de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, con un salario base que crece de acuerdo a comisiones, según pudo corroborar este medio.

En abril, la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley de Instituciones de Crédito para castigar hasta con 9 años de prisión a los montadeudas. Sin embargo, “estas aplicaciones fraudulentas están fuera del alcance de las autoridades porque no pertenecen al sector financiero formal. Son delincuentes y hasta el momento son intocables, porque además no se les denuncia y el Ministerio Público no hace bien su trabajo”, reitera Sánchez Tello.

El consultor agregó que la operación transfronteriza de estas redes de extorsión hacen más compleja su regulación; más allá de las denuncias que pueden hacer los usuarios dentro de cada jurisdicción, “se deberían establecer convenios con otros países, al igual que con el narcotráfico, para sancionarlos”, comentó.