A 17 años de la represión social, detenciones arbitrarias y actos de tortura sexual ejercidos por policías estatales y federales en Texcoco y San Salvador Atenco, estado de México, en el contexto de la lucha contra la construcción de un aeropuerto y de las actividades de La Otra Campaña, la historia no ha terminado.
No se olvidan los valientes testimonios de las mujeres que sobrevivieron a los ataques sexuales, dando cuenta de un operativo de Estado que violó todo protocolo de las fuerzas de seguridad, que hasta hoy continúan en la impunidad, empezando por Enrique Peña Nieto, entonces gobernador de la entidad y luego presidente de México.
Hace cuatro años que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) emitió la sentencia “Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco vs. México”. Y en estos días, luego de otro largo litigio, el grupo de mujeres logró que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) entregue la investigación a la Fiscalía General de la República (FGR), concretamente a la Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), “la cual ahora tendrá la obligación de continuar la investigación del caso bajo los parámetros ordenados por la Coridh”.
El camino recorrido durante casi dos décadas ha sido arduo, como todo lo que tiene que ver con la justicia en México. Apenas hace tres años, las mujeres iniciaron una larga batalla legal, pues, como se sabe, las autoridades locales habían estado a cargo de las investigaciones de los actos de tortura y represión, teniendo como consecuencia que ningún elemento o funcionario de esas corporaciones haya sido sancionado por la tortura sexual.
“Fui torturada sexualmente por muchos policías. No es posible saber cuántos: me habían tapado la cara con mi propio suéter”, contó en su momento Norma Jiménez, una de las 11 mujeres que rindieron su doloroso testimonio ante la Coridh, recordando los hechos de mayo de 2006, cuando ocurrió uno de los casos más emblemáticos de la represión contra la protesta social en México, del cual no se ha dicho la última palabra, pues los responsables siguen libres.
