Hace casi dos meses que la UAM entró en un paro sin precedentes: sus cinco unidades fueron tomadas por estudiantes que rápidamente consolidaron ejes que conformaron pliegos petitorios específicos, entre los que se contemplan modificaciones normativas y rutas de prevención y atención a la violencia de género.
En los años recientes, buena parte de las instituciones de educación media superior y superior de este país han vivido movilizaciones de estudiantes que han puesto en la mira las distintas formas de violencia de género que habitan los claustros universitarios. Esto ha obligado a construir protocolos y estrategias de atención que, con mayor o menor éxito, aún representan los primeros pasos hacia la necesaria transformación social que logre la adecuada atención de los procesos de denuncia, y que en el comportamiento ordinario erradique la violencia y los abusos propiciados por el machismo y el sexismo que atraviesa a toda nuestra sociedad.
Las universitarias de todo el país han sido pioneras en esta transformación y, en el decurso de sus movilizaciones, han visibilizado también otras profundas contradicciones que atraviesan a las instituciones de educación superior. Así sucedió en los paros de 2019-20 en la UNAM que, al exigir una verdadera atención a las denuncias, evidenciaron cómo la resolución de los casos es presa de una estructura jerárquica en la que, en el mejor de los casos, deposita en la buena voluntad y sensibilidad de directores el correcto cause de las denuncias, puesto que no se cuenta con una figura colegiada designada explícitamente para estas funciones.
En la UAM, en estas semanas, se han logrado concretar acuer-dos en distintas mesas de negociación entre asambleas y autoridades que, además de buscar el fortalecimiento de los marcos normativos, han planeado estrategias hacia la prevención y la impostergable alfabetización de nuestra comunidad en relación con la violencia de género. Han sido semanas en las que la fuerza moral del paro ha tenido un empuje tal que las estudiantes nos han obligado a escuchar sus demandas. Ello no ha sucedido sin tensiones. Y, ahora, la prolongación del paro, a pesar de un buen número de acuerdos concretados, ha servido como argumento para que las autoridades centrales empujen un reinicio de clases con fecha del próximo 8 de mayo.
Con esta fecha límite y sin que se hayan entregado instalaciones, las autoridades han dispuesto el regreso a clases de manera virtual. Ese recurso que salvó la educación durante los largos meses de la pandemia, ahora se nos presenta como una novedosa estrategia de clases extramuros que, como las del pasado, busca romper el paro a fuerza de “cumplir” con la labor docente y, al mismo tiempo, aislar el movimiento. Esta propuesta se ha concretado ya en distintos órganos colegiados, a pesar de que ni el contrato colectivo de trabajo ni los contratos individuales contemplen la obligatoriedad de esta modalidad de docencia y, en consecuencia, no se pueda sancionar a los académicos por incumplir el llamado.
Lo que sí se logra al colocar el tema del regreso virtual en el horizonte es polarizar a la comunidad, que se verá profundamente lacerada ante una vuelta a las pantallas que no queda clara a nadie, que omite los límites pedagógicos de las clases por videoconferencia, y que como estrategia política sacrifica el regreso de una comunidad que requerirá de un pacto de convivencia que dignifique la vida universitaria, a fin de dar paso a la gran cantidad de transformaciones que se requiere para que nuestras estudiantes vuelvan a ver en las aulas el lugar en el que la educación les dará armas de libertad.
* Profesora-investigadora UAM-X
