Guanajuato es una fosa porque, en el contexto de las violencias sociopolíticas y estructurales que caracterizan su modelo de “desarrollo del subdesarrollo”, en palabras del sociólogo alemán André Gunder Frank (QEPD), la fosa común se ha vuelto una metáfora del terror en la entidad.
Masacres en balnearios, secuestros masivos de mujeres, matanzas en anexos, trata de blancas y giros negros proliferantes, tráfico de migrantes, desapariciones forzadas y sitios de exterminio son emergencias endémicas en el paisaje forense local, tristemente normalizadas por el discurso oficial y opacadas por los incipientes estridores de la precampaña y la contienda interna al gobernante Partido Acción Nacional.
Las tareas de seguridad pública son compartidas entre fuerzas militares y civiles, con casi 12 mil efectivos de Sedena y Guardia Nacional, y otros tantos po-licías estatales y municipales. El blindaje castrense y los operativos conjuntos han crecido desde 2016, como remake de estrategias fallidas, junto con la escalada de múltiples violencias, y no han redundado en niveles aceptables de seguridad.
En Romita el secretario de seguridad pública y dos oficiales fueron detenidos en febrero por desaparición forzada e inhumación clandestina de tres personas. En Juventino Rosas la policía municipal fue liquidada en octubre de 2021, debido a infiltraciones del crimen organizado.
En los pueblos del Rincón, fronterizos con Jalisco, y en Celaya, emergen redes macrocriminales de extorsión al empresariado, un giro disputado entre grupos del crimen organizado, policías locales y hasta fuerzas federales.
En marzo los papás del joven empresario Jair Martínez, secuestrado y asesinado en Irapuato, reclamaron a la fiscalía no haber actuado a tiempo para rescatarlo cuando ya tenían ubicado su paradero. Ese mismo mes, seis mujeres celayenses fueron asesinadas y únicamente fragmentos de ellas se recuperaron en una fosa. Alertan buscadoras y autoridades de que, cada vez más, los cuerpos son destruidos y calcinados, no sólo enterrados.
Guanajuato es una fosa porque, dentro de los enredos de impunidad y colusión, han sido más contundentes los mensajes de las mafias que las acciones concretas o simbólicas del Estado para combatirlas. Parece, entonces, que Guanajuato es la “grandeza de México”, como reza el lema oficial, y que no pasa nada, aunque se registran 3 mil 666 personas desaparecidas, seis veces más que en 2018, y al menos 351 sitios de hallazgo de cuerpos y restos humanos.
El alcalde de San Felipe es investigado por tráfico de migrantes, por su posible participación en una red delincuencial, destapada en abril, y la liberación de 86 personas secuestradas en Matehuala.
El estado sigue primero a nivel nacional por los asesinatos de policías y los homicidios dolosos en general. Los periodistas que denuncian se arriesgan a sufrir agresiones físicas, morales y digitales, o acusaciones infundadas para censurar su trabajo. Por ejemplo, Arnoldo Cuéllar, director de Poplab.Mx, es perseguido por dos fiscalías, en Guanajuato y Nuevo León, por destapar con su equipo un caso de espionaje en su contra y denunciar las artimañas de poderes fácticos y legales.
En León, a más detenciones, más estímulos a los policías, así que hay rondas y redadas selectivas y recurrentes, de hecho, que afectan las colonias y las poblaciones más vulnerables y segregadas. Según testimonios de víctimas, policías de tránsito y municipales conocen y toleran rutas y puntos de distribución de drogas, pactan con taxistas y conductores de Uber, ubican casas de pánico y de seguridad. Los cuerpos policiacos de Irapuato, Celaya y León ya son conocidos por sus agresiones a marchas pacíficas y su saña contra las mujeres.
La criminalización y revictimización de las familias, a veces investigadas ellas mismas como sospechosas, o sujetas a pillajes por las autoridades, completan el cuadro de la crónica guanajuatense.
Estas muestras son intersticios de una necromáquina, diría Rossana Reguillo, y de lo que Samuel Schmidt llama crimen autorizado: bisagras del dispositivo que reproduce o permite las desapariciones u otros delitos, dentro de un entramado criminal en que entran grupos armados o paramilitares, como Jalisco Nueva Generación y Santa Rosa de Lima, en contubernio con ciertos sectores del Estado.
Teresa Magueyal fue asesinada el 2 de mayo en San Miguel Octopan, Celaya. Buscaba a su hijo, José Luis Apaseo Magueyal, desaparecido el 6 de abril de 2020, y ahora serán sus compañeras quienes continúen, solidariamente. Su colectivo, Una Promesa Por Cumplir, en 2022 sufrió abusos de agentes de investigación, según reporta la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y ahora pide justicia, protección y revisión del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ya que lo tienen activado, pero no ha sido efectivo.
La Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, además del caso de Teresa, documentó los asesinatos de Rosario Zavala Aguilar en 2020; de Francisco Javier Barajas y un buscador de Pénjamo en 2021; de Ulises Cardona Aguilar 2022 y María Carmela Vázquez en 2022. La Unión Regional de Búsqueda del Bajío y el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU repudiaron estos crímenes, exigen su esclarecimiento y seguridad para las buscadoras. Este 10 de mayo, Día de la Madre, no habrá nada qué celebrar. Nos lo recordará la 12 Marcha por la Dignidad Nacional: Madres buscando a sus familiares desaparecidos, buscando verdad y justicia.
* Periodista italiano
