La venta de aire limpio para –supuestamente– compensar la contaminación de industrias sucias, como las de petróleo, gas, carbón, minería, agrotóxicos y otras, es un negocio floreciente, lleno de actividades fraudulentas y violaciones de derechos. En México existen y avanzan proyectos que intentan enrolar en esos engañosos esquemas a comunidades y ejidos forestales y agrícolas, que pueden resultar dañadas de muchas formas.
Un reportaje de investigación del diario The Guardian, el semanario Die Zeit y la organización Material Source, mostró que la mayor corporación de verificación de créditos de carbono a nivel global (la estadunidense Verra / VCS), fraguó resultados en 94 por ciento de los proyectos revisados, creando “créditos fantasma”. Se basaron en entrevistas directas y en tres estudios de la Universidad de Cambridge sobre docenas de proyectos de Verra (https://tinyurl.com/4x2jpbfb).
El fraude reveló que ese mercado no hace nada para detener el cambio climático e incluso lo aumenta. Para las comunidades involucradas significa que los proyectos quedan sin base, y en muchos casos están obligadas a afrontar demandas de indemnización. El reportaje denuncia violaciones a los derechos humanos, incluso evacuación forzada de comunidades que habitaban los bosques, por ejemplo el proyecto Alto Mayo en Perú (https://tinyurl.com/2p89kfhc).
Verra es una de las empresas de estándares de verificación de carbono que está en diálogo con el gobierno de México para crear un mercado de carbono en el país, junto a la estadunidense Reserva de Acción Climática (Climate Action Reserve) y otras. En el juego del carbono mexicano hay otras como la intermediaria Mexico2, “coyote” de bolsas financieras, y ONG “conservacionistas” como Pronatura, el Instituto de Recursos Mundiales (World Resources International, WRI), Conservación Internacional, The Nature Conservancy, a menudo financiadas por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Medir con precisión si un bosque, un manglar u otro ecosistema captura en forma permanente un determinado exceso de carbono generado por las industrias, es básicamente imposible, porque son sistemas biológicos dinámicos y cambiantes, en interacción con sus habitantes y comunidades. Eso no ha impedido que la medición y verificación sean lucrativos negocios: se han desarrollado registros, verificadoras, certificadoras y comerciantes de carbono que intentan convencer de que sí pueden medir lo inmedible y especulan con la generación de créditos, bonos o compensaciones de carbono en las bolsas financieras.
En cada paso del negocio hay un gran margen de incertidumbre, desde el establecer cuanto carbono ya existía (línea base), qué amenaza esos acervos, formas de medir si hay captura, cuánto tiempo es considerado “permanencia”, qué planes de manejo forestal para afirmar que el carbono es “adicional” a lo que existía, entre otros. La venta de créditos y compensaciones en bolsas financieras es de por sí una actividad especulativa, más aún sus mercados secundarios. Los estudios mencionados por The Guardian y otros similares muestran que hay enorme arbitrariedad para adecuar a modo y conveniencia de las empresas de registros y certificadoras los resultados de medición de líneas base y de créditos de carbono generados, para favorecer lo que más les conviene.
Supuestamente para controlar las arbitrariedades se crearon “estándares” internacionales. ¿Pero quiénes configuran los estándares? Las mismas empresas que se benefician, como Verra, que es la mayor a nivel global con su estándar VCS (Verified Carbon Standard), en el que se basan empresas, ONG y gobiernos.
Esto no sólo significa que se vende vía libre a las empresas para seguir contaminando y aumentar el cambio climático, es además una forma de engañar a ejidos y comunidades forestales y campesinas, que pueden perder el control de sus territorios y ser estafadas, menciono ejemplos en un artículo anterior (Colonialismo climático, La Jornada, 10/9/22, https://tinyurl.com/32jhfchf).
Los actores de este negocio están a la caza de nuevas comunidades forestales a enganchar y al igual que antes se hizo con programas de servicios ambientales, se presentan a las comunidades con formularios prerrellenados de supuestas asambleas, donde la comunidad solicita ser parte del sistema de “reservas de acción climática” y registros de carbono por 30 años o más. También les dan formularios que otorgan poderes absolutos a intermediarios para especular en bolsa con los futuros créditos. En algunos marcan que cualquier responsabilidad de fallo o errores de los proyectos debe ser asumida por las comunidades. Por ejemplo, si hay un incendio o tala ilegal del crimen organizado u otros factores, sería cargado a la comunidad.
Es útil revisar la experiencia anterior de comunidades en programas REDD+ y pago de servicios ambientales, como Santiago Lachiguiri, en Oaxaca. Formalmente mantuvieron la propiedad de la tierra, pero perdieron control de su territorio, no pudieron realizar sus actividades tradicionales, que es lo que les da sustento y les permitía mantener sus bosques en excelente estado. Firmaron contrato por 5 años, pero tuvieron que ir a juicio para recuperar el control (https://tinyurl.com/bdfkr7f2).
Ahora son contratos por 30 años y más y los supuestos créditos van a comercio internacional y/o con empresas trasnacionales, que podrían no sólo demandar a las comunidades, sino hasta al Estado mexicano si hay fraudes y pérdidas. Sucios negocios que violan derechos y retrasan atender realmente el cambio climático.
*Investigadora del Grupo ETC
