El amparo que un juez federal otorgó para que se nombre a los comisionados faltantes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) no es un caso aislado: la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) tuvo pleno incompleto por tres años y en noviembre de 2022 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó hacer los nombramientos necesarios para subsanar esta omisión, lo cual se concretó apenas en febrero pasado.
Jueces y magistrados federales también han dictado sentencias a favor de restituir funcionarios o subsanar omisiones legislativas, fallos que tardan incluso años en cumplirse.
El año pasado, el juzgado sexto de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México dio un plazo de 10 días hábiles al Congreso de la Unión para que cumpliera la sentencia de la SCJN, que ordenaba revisar la Ley General de Comunicación Social, ya que no cumplía los parámetros constitucionales para garantizar transparencia y equidad en la contratación de publicidad oficial, tema que sigue en litigio.
Asimismo, un juez federal ordenó a diputados locales legislar sobre el matrimonio igualitario en Querétaro luego de un amparo promovido por activistas de la comunidad LGBT+ en octubre de 2019, toda vez que la iniciativa se quedó en la Comisión de Administración y Procuración de Justicia desde ese año.
En marzo pasado, el juzgado decimosegundo de distrito en materia administrativa otorgó la suspensión definitiva a Edmundo Jacobo Molina contra el artículo 17 transitorio del decreto de reformas del llamado plan B, para que fuera reinstalado como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral y que las autoridades se abstuvieran en cesarlo o destituirlo con motivo de la publicación de la norma impugnada. Aunque el funcionario volvió a su puesto, terminó renunciando voluntariamente días después.
Respecto a la SCJN, el caso más reciente de dilación para cumplir uno de sus fallos por un órgano legislativo es el de la despenalización del uso lúdico de la mariguana.
El máximo tribunal emitió la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018 y en junio de 2021 invalidó las normas que prohíben el consumo del cannabis con fines recreativos y ordenó al Congreso de la Unión emitir las leyes y reglamentos necesarios para permitirlo, lo que a la fecha continúa pendiente.
