La semana pasada fue muy intensa en reformas institucionales y desmantelamiento de dependencias que, según se ha dicho, fueron creadas por el neoliberalismo. Si esa es la lógica de finales de sexenio, esperemos que pronto le llegue el turno a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), organismo creado para el manejo neoliberal del recurso más precioso y crecientemente más escaso en el país.

Hay razones estructurales y coyunturales que hacen impostergable que la institucionalidad del agua –leyes y entramado de dependencias– se dé en el mismo sentido al de la Cuarta Transformación: “por el bien de todos, primero el agua para el consumo humano, la soberanía alimentaria y los ecosistemas”, podría parafrasearse.

La razón más inmediata es que la Conagua no pudo o no quiso defender los aspectos de la iniciativa presidencial de la reforma minera que fueron dejados de lado en la iniciativa que al final se aprobó por las dos cámaras: bajar la vigencia de las concesiones de agua a las compañías mineras; fijar en 30 por ciento el límite de volumen de un acuífero del que pueden disponer; contabilizar el agua de laboreo en el volumen de la concesión; prohibir las presas de jales, etcétera. Aunque las mineras perdieron los rounds de dejar la minería como actividad preferente o tener que consultar a los pueblos indígenas y cederles un porcentaje de sus ganancias, ganaron todos los rounds del agua.

Eso es sólo el aspecto más inmediato, pero hay procesos y situaciones que están exigiendo una postura firme, fundamentada y con criterios de sustentabilidad y bien común por la Conagua, además de los muy beligerantes intereses del extractivismo minero: la presión sobre el líquido por la expansión industrial inherente al nearshoring que está teniendo lugar, sobre todo en la franja fronteriza norte, zona crítica por la escasez hídrica. Las presiones de industrias embotelladoras del líquido, de cervecerías y refresqueras. Las presiones para construir represas para dotar del fluido a la expansión demográfica de las ciudades, cuestionadas por comunidades y movimientos ambientalistas.

Todo esto en un contexto de cambio climático que se intensifica y genera sequías recurrentes en el norte del país a la vez que inundaciones en el sureste. Y va a provocar más tensiones en la relación con Estados Unidos, como el grave conflicto que se generó en la presa La Boquilla con los agricultores de Chihuahua en 2020 por las demandas del gobierno de Trump de que se pagara la cuota de agua entregada por el río Bravo. Ahora sucederá un poco al revés: la grave baja de volumen del río Colorado está provocando que el gobierno de Washington disminuya cuando menos en 15 por ciento el agua que se entrega al estado de California, y de seguro también la que se entrega a los distritos de riego de Mexicali y San Luis Río Colorado. Esto puede provocar que los agricultores de Chihuahua se nieguen a entregar agua por el río Bravo, ya que Estados Unidos no entrega la suficiente por el río Colorado. Esto implicará una revisión del Tratado Internacional de Límites y Aguas de 1944.

No menos trascendente es la necesidad de establecer la gobernanza del agua para riego en la agricultura. Por vacíos legales o por corrupción o por falta de supervisión hay agujeros negros que devoran millones de metros cúbicos del líquido. Lo que pasa en Chihuahua ofrece abundantes ejemplos a este respecto: la Conagua no ha comenzado un proceso para cerrar los más de 7 mil pozos piratas que hay en la entidad; tampoco se establece una comunicación expedita y eficaz para que la CFE no proporcione energía eléctrica a los pozos sin título de concesión; no existen mecanismos para evitar la concentración de concesiones. No hay suficientes inspectores de campo ni tampoco se adquiere la tecnología satelital para medir los volúmenes extraídos de cada pozo. No hay mecanismos efectivos de control de la extracción ilegal de aguas superficiales, ni un sistema de planeación agrohídrica que privilegie los cultivos que menos líquido requieren en cada región. Las lagunas legales y la insuficiencia de personal jurídico hacen que los abogados de los acaparadores de agua chicaneen los procesos para su beneficio, abrumen y acosen a los funcionarios que tratan de hacer su trabajo honestamente.

A esto habría que agregar los problemas internos de la dependencia, como el jaqueo de sus portales y bases de datos, los conflictos con el personal sindicalizado y la persistencia de prácticas de corrupción en personas enquistadas ahí desde el antiguo régimen. La Conagua está rebasada por todos lados. No se puede seguir distribuyendo el precioso líquido por tuberías institucionales oxidadas y picoteadas de neoliberalismo. Por esto la agenda legislativa de ambas cámaras debe ya sacar de la congeladora la iniciativa propuesta por la coalición Agua para Todos, Agua para la Vida. Es el primer paso para construir una institucionalidad sustentable, justiciera e incluyente. Urge. El agua no aguanta más neoliberalismo.