El Departamento de Estado y la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (Usaid, por sus siglas en inglés) incrementarán el presupuesto que entregan a organizaciones no gubernamentales (ONG) mexicanas vinculadas con la oposición política y empresarial. De acuerdo con el presupuesto solicitado por esas dependencias al Congreso estadunidense, en 2024 repartirán por lo menos 75 millones de dólares (mil 350 millones de pesos al tipo de cambio actual) entre distintos programas, incluidas varias capacitaciones dirigidas a entrenar a autoproclamados representantes de la “sociedad civil” para que eleven su confrontación con el gobierno federal, evadan las leyes mexicanas y aprendan a captar más recursos del extranjero.
En su conferencia matutina de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador condenó la decisión de Washington de redoblar la apuesta injerencista e informó que envió una misiva a su homólogo estadunidense, Joe Biden, en la cual solicita “su valiosa intervención” para evitar que su país conti núe financiando organizaciones opositoras al gobierno legal y legítimo, pues “a todas luces se trata de un acto intervencionista, contrario al derecho internacional y al respeto que debe prevalecer entre estados libres y soberanos”.
Es imposible saber hasta qué punto Biden conoce y respalda los actos de instituciones que, ciertamente, gozan de probada autonomía ante el Ejecutivo, pero el desconocimiento no justifica los hábitos agresivos, injerencistas y neocoloniales del aparato de Estado de la superpotencia. La continuidad de prácticas que violentan la soberanía daña una relación bilateral que ha costado mucho normalizar y reconfigurar para darle un cauce de equidad y respeto mutuo. Pero los significativos avances en la materia quedan en entredicho en la medida en que Washington repite en territorio mexicano las fórmulas de golpismo light que ha desplegado en otras latitudes al financiar y asesorar a agentes políticos que se disfrazan de sociedad civil en sus intentos de deponer al gobierno.
Es notorio que en décadas recientes las derechas han colonizado causas que les son histórica e intrínsecamente ajenas y contrarias, desde feminismo o la defensa de los derechos humanos, hasta el medio ambiente, el indigenismo o la defensa de la libertad de expresión. Con tales banderas, hoy los sectores reaccionarios buscan confundir a la ciudadanía y captar recursos de gobiernos y fundaciones extranjeras.
Es indudable la necesidad de mantener relaciones armoniosas, respetuosas y productivas con el vecino del norte y primer socio comercial, pero tampoco puede olvidarse que de allí han provenido las mayores amenazas a la seguridad, la soberanía y la existencia misma de México. La historia indica que este vínculo siempre incluirá componentes conflictivos y que sólo podrá encauzarse en términos positivos si hay respeto a las respectivas soberanías y si se tiene claro cuáles son los intereses del país vecino y cuáles, los del nuestro. Respecto a los membretes financiados por Usaid y el Departamento de Estado, el aceptar dinero de instancias tan desprestigiadas y opuestas a las causas que dicen defender no sólo exhibe su hipocresía, sino también su inexistente sentido de nación.
