Washington y Nueva York. Los indocumentados mexicanos serán los más afectados por los impactos inmediatos de las nuevas políticas de migración anunciadas por el gobierno de Joe Biden esta semana, seguidos por los centroamericanos, indican expertos, mientras un nuevo reporte afirma que el problema fundamental es que Estados Unidos se ha enfocado en la disuasión en el corto plazo sin desarrollar las estrategias necesarias para abordar los desafíos de la migración en el siglo XXI.

“Todos van a querer hablar de los cubanos, venezolanos, pero serán los mexicanos quienes tendrán lo más difícil para ingresar a Estados Unidos, y después de ellos los centroamericanos”, comentó Ariel G. Ruiz Soto, analista de políticas en el Migration Policy Institute en Wa-shington, en torno a las nuevas medidas que se están implementando para sustituir el llamado Título 42, que imperó durante la pandemia en el manejo del flujo migratorio en la frontera y que vence el 11 de mayo.

Ruiz Soto explicó, en entrevista con La Jornada, que en marzo de 2023 la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos registró 162 mil “encuentros” con indocumentados que intentaban cruzar la frontera por accesos no autorizados, y de ese total 71 mil 300 eran mexicanos; la cifra más grande.

Con los actuales procedimientos del Título 42, quienes intentan cruzar de manera no autorizada son expulsados a México y después pueden intentar otra vez sin consecuencias legales, pero a partir del 11 de mayo, con las nuevas medidas establecidas por el Título 8 de una ley estadunidense, los que intenten cruzar serán detenidos y deportados o “removidos” con una prohibición de intentarlo de nuevo durante cinco años. Si el migrante es capturado en otro intento de ingresar, enfrenta una prohibición de 10 años, y si viola eso podría enfrentar una condena de cárcel. Por ello, afirma Ruiz Soto, el Título 8, que estará vigente a partir del 11 de mayo, “es un disuasivo significativo para la migración mexicana”.

A juzgar por lo que ha ocurrido anteriormente, Ruiz Soto comentó que es de esperarse que la gran mayoría de mexicanos que intenten cruzar la frontera sin autorización serán expulsados rápidamente y aquellos que soliciten asilo, menos de 20 por ciento tendrá éxito. Los provenientes de El Salvador, Guatemala y Honduras también serán expulsados de inmediato; probablemente sean retornados a sus países en avión.

Las autoridades estadunidenses esperan que otra medida de su nueva política, la cual permite que hasta 100 mil personas de El Salvador, Guatemala y Honduras que han solicitado ser reunificadas con sus familiares en Estados Unidos sean admitidas condicionalmente a Estados Unidos, reducirá el flujo de la migración indocumentada de esa región.

Pero si el volumen del flujo indocumentado se mantiene en los niveles de marzo, Estados Unidos tendrá que gastar mucho dinero para deportarlos a sus países, señaló Ruiz Soto. Es mucho más barato remover a quienes intentan cruzar a México que enviarlos de regreso a sus países de origen en Centroamérica, y aún más con los provenientes de India o Rusia.

Por eso el acuerdo entre Estados Unidos y México anunciado esta semana que permitirá al gobierno de Biden deportar o remover a México hasta 30 mil migrantes provenientes de Venezuela, Haití, Cuba y Nicaragua cada mes es tan importante para el gobierno de Biden. Más aún, esa política incluye incentivos para que migrantes de esos cuatro países soliciten a través de canales regulares el ingreso a Estados Unidos, y Washington se ha comprometido de aceptar hasta 30 mil cada mes.

Funcionarios de los gobiernos de Estados Unidos y México resaltan que es esta combinación de medidas de disuasión e incentivos ha logrado reducir por un dramático 95 por ciento el número de indocumentados que intentan cruzar la frontera de esos cuatro países.

Pero el analista Adam Isacson, de la Washington Office on Latin America, señala que el flujo de migrantes no se ha desplomado 95 por ciento. “La migración desde Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela podría haberse reducido agudamente en la frontera Estados Unidos-México como resultados de expulsiones agresivas bajo el Título 42. Pero las expulsiones no han disuadido absolutamente a los ciudadanos de estos países de migrar. Están huyendo, pero están varados” en el camino, afirmó.

Muchos de los detalles del acuerdo entre Estados Unidos y México de esta semana no se han hecho públicos. Dentro de la actual política, los migrantes de esos cuatro países eran expulsados a México bajo la llamada emergencia de salud por el covid y no eran procesados formalmente en Estados Unidos. Después del 11 de mayo, esos migrantes serán removidos o deportados mediante el Título 8, después de ser procesados por las autoridades estadunidenses. La decisión de México esta semana de aceptar decenas de miles de migrantes procesados en Estados Unidos es algo nuevo y aún no se cuenta con los detalles.

En el próximo mes se verán los primeros cambios, declaró Aaron Reichlin-Melnick, director de políticas de la organización independiente American Inmigration Council. “Hay mucha gente atrapada en México esperando el fin del Título 42”. Pronosticó que habrá un incremento significativo de migrantes intentando cruzar la frontera inmediatamente después del 11 de mayo, pero que algunas de las nuevas medidas –nuevos canales regulares para ciertas nacionalidades, más personal para atender las solicitudes de asilo, oficinas regionales, entre otras– podrían reducir el flujo indocumentado en el futuro.

Pero el problema de fondo no son las virtudes o carencias de las medidas inmediatas. “Lo que más se necesita es un giro mayor… Los políticos tienen que abandonar la fantasía de soluciones de corto plazo”, subrayó Reichlin-Melnick. El American Immigration Council difundió ayer un nuevo informe ofreciendo un mapa de la ruta para construir “un sistema de asilo funcional, flexible y ordenado que, a la vez, asegure un manejo fronterizo efectivo”. (https://www.americanimmigrationcouncil.org/research/beyond-border-solutions).

Mientras, el secretario de Seguridad Interna, Alejandro Mayorkas, anunció que viajará esta semana a la frontera de Texas con México como parte de los preparativos para enfrentar, en el plazo inmediato, los efectos esperados con el fin de la política fronteriza de control migratorio de la era de Donald Trump.

A la vez, la Casa Blanca festejó la colaboración con México en la transición de las políticas en la frontera, pero rehusó ofrecer mayores detalles sobre lo acordado; la vocera de la Casa Blanca Karine Jean-Pierre indicó: “no voy a abordar las discusiones diplomáticas que están ocurriendo” sobre el tema entre los dos países.