Santiago. Ocho meses después de que se rechazó abrumadoramente un proyecto de nueva Constitución, Chile irá nuevamente a las urnas el próximo domingo para elegir paritariamente a 50 consejeras y consejeros que redactarán un proyecto de Carta Magna, para lo cual dispondrán de cinco meses a contar del 7 de junio.

Y si bien se trata de algo trascendente -persigue finalmente remplazar la Constitución de 1980 redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990)-, el proceso y la campaña generan poco interés, los aspirantes pasan desapercibidos y para muchos ciudadanos obligados por ley a sufragar, el único interés es evitar la multa que implica no hacerlo.

Peor aún, lejos de centrarse en temas constitucionales, el tono que caracterizó la campaña de los aspirantes es el debate contingente acerca de la crisis de inseguridad que padece el país, o bien cómo atajar la llegada de migrantes e incluso acerca de la inexpropiabilidad de los ahorros de pensiones; todos asuntos que no abordan para nada el propósito central de una Constitución: la definición de reglas institucionales para las próximas décadas.

Pero además es muy distinto al que provocó el estallido social de octubre de 2019, que comenzó desde una "hoja en blanco" con plenas facultades para redactar el texto que fracasó en septiembre de 2022. Entre las diferencias, básicamente impuestas por la derecha como condición para revivir el proceso, un "marco de 12 principios" que restringe la autonomía del Consejo Constitucional; y una "comisión experta" de 24 miembros que prepara un ante proyecto sobre el cual deberán trabajar, aunque con facultades para modificarlo, los consejeros que serán electos.