Después de un litigio de casi tres años, las mujeres que en 2006 fueron víctimas de tortura sexual por agentes federales y estatales en San Salvador Atenco, estado de México, lograron que la Fiscalía General de Justicia de esa entidad entregue la investigación sobre estos hechos a la Fiscalía General de la República (FGR), informó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

Al cumplirse ayer 17 años de la represión, las detenciones arbitrarias y los actos de tortura, indicó que durante este tiempo las autoridades estatales han sido las encargadas de la indagatoria, pero “ningún elemento o funcionario de las diversas corporaciones locales ha sido sancionado por la tortura sexual cometida contra las mujeres”. Por el contrario, la FGJEM “ha obstaculizado” la posibilidad del acceso a la justicia.

En un comunicado, refirió que el segundo tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito, al resolver el amparo en revisión 245/2022, ordenó a la fiscalía estatal remitir la averiguación previa del caso Atenco a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, de la FGR, la cual ahora tendrá la obligación de continuar con la investigación del caso, con los parámetros ordenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), en 2018.

La FGR “está obligada” a conducir la investigación “de manera integral, amplia, sistemática, minuciosa y sin dilación para determinar, juzgar y sancionar a los responsables de la violencia y tortura sexual sufrida por las 11 mujeres víctimas de este caso, así como los posibles vínculos entre los responsables directos y sus superiores jerárquicos, individualizando los responsables en todos los niveles de decisión tanto federales, estatales o municipales”, con la participación activa de las sobrevivientes y sus representantes, destacó el Centro Prodh.

Expuso que si bien el pasado 6 de abril la FGJEM solicitó a las autoridades judiciales una prórroga de 20 días para dar cabal cumplimiento a la resolución judicial, debido a la “complejidad del asunto y la voluminosidad del expediente”, el juzgado sólo le concedió 10 días, sin que hasta hoy se haya notificado a las afectadas si esto se ha cumplido.

Finalmente, consideró “alarmante y ominoso que a cuatro años de la emisión de la sentencia interamericana no existan pasos firmes hacia su cumplimiento, específicamente en cuanto al acceso a la justicia”.