Severo ataque hepático provocó entre los “grandes” empresarios la denuncia que ayer hizo pública la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, sobre el indiscriminado uso de recursos públicos para beneficiar, vía subsidios fiscales o transferencias directas, a los corporativos privados que operan en el país –nacionales y foráneos–, quienes recibieron multimillonarias cantidades para la presunta investigación y desarrollo de tecnología, sin beneficio alguno para la nación.

Se trata de empresas privadas con ganancias exorbitantes ( ergo, con capacidad para financiar dicho desarrollo con recursos propios), que durante cuatro sexenios al hilo (Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto) simplemente estiraron la mano para que el Estado (el mismo que tanto odian) pagara por sus “inventos”, los cuales, dicho sea de paso, nada tienen que ver con las necesidades del país en la materia.

Álvarez-Buylla lo detalló así: “tenemos algunas empresas privadas que en conjunto recibieron más de 2 mil 600 millones de pesos de presupuesto del pueblo de México para subvencionar y magnificar sus ganancias: Kimberly Clark (Claudio X. González Laporte), Femsa (José Antonio El Diablo Fernández), la trasnacional Monsanto, Arca Continental (embotelladora de Coca-Cola que encabeza Jorge Humberto Santos Reyna), la automotriz alemana Volkswagen, la farmacéutica trasnacional Bayer, la automotriz alemana BMW, la trasnacional gringa Honeywell, la trasnacional Ford, IBM, LG, Motorola, Nissan, Whirlpool, RH México (“reclutamiento de profesionales”), Proft Tech, Intel. Además, todas estas transferencias a fondo perdido y asimismo fueron beneficiadas otras miles, casi 3 mil empresas en total”.

Cierto es: hay que agregar Pepsico-Sabritas, Bimbo-Barcel, Bachoco, General Motors, Peñoles (propiedad de la familia Baillères, incluida por Forbes entre los multimillonarios del mundo), Mabe (la cual, tras el huracán en Veracruz, en 2021, prometió “descuentos” en la compra de electrodomésticos a cambio de condonación de impuestos, catafixia que obviamente no se atendió), Telmex (Carlos Slim), Televisa (Emilio Azcárraga), Banamex-Citigroup, Comex, Grupo Posadas y muchas más, todas generosamente “atendidas” por el erario.

Por ejemplo, la primera de las empresas fabricantes de chatarra que se cita líneas arriba utilizó el subsidio gubernamental para lo siguiente: un salero industrial para que sus papitas fueran rociadas estrictamente con la sal necesaria, y no precisamente para combatir la obesidad, sino para ahorrar unos cuantos millones de pesos en la compra de cloruro de sodio. Y como esta aberración, muchísimas más.

A Peñoles le entregaron recursos públicos para su “proceso hidrometalúrgico”, para lo cual recibió 50 millones de pesos. Sólo para dimensionar, en 2017 este consorcio reportó utilidades netas por casi 11 mil millones, pero ya por vicio le dio un pellizco al erario. Lo mismo que Kimberly Clark de México: la misma cantidad en el mismo año, para sus “productos nonwoven tecnológicamente mejorados” (es la “tela” utilizada para, por ejemplo, las bolsas que ahora venden en comercios y tiendas departamentales); igual para Mabe, con el fin de “desarrollar un refrigerador inteligente y sus procesos de manufactura para la industria”. Por cierto, en la reprivatización salinista de la banca la familia Berrondo, su propietaria, “ganó” la licitación del Banco Internacional (Bital), al que reventó financieramente sólo para que, ya “saneado” por el Fobaproa, la trasnacional HSBC se quedara con él. Por esta operación, los Berrondo obtuvieron mil 400 millones de dólares, sin pasar por el SAT.

En fin, muchas historias como las citadas, pero donde existe una diferencia sustancial es en la cantidad de dinero involucrado en todo esto. La directora del Conacyt dijo que “se transfirieron a través de fideicomisos y también de programas presupuestarios más de 45 mil millones de pesos a empresas privadas, nacionales y también trasnacionales”.

Sin embargo, un informe interno del propio Conacyt (fechado en 2017) documenta más de 73 mil millones de pesos (alrededor de 77 mil si se suma 2018) en cuatro sexenios (Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto). Sin duda, el saqueo mayor se dio con Borolas y EPN: cerca de 27 mil millones cada uno, sin que los otros dos fueran austeros (el del “bienestar para la familia”, 2 mil 600, y el del “cambio”, 20 mil 500).

Las rebanadas del pastel

Entonces, ¿queda claro por qué gritan y se retuercen por la “desaparición del Conacyt”?

Twitter: @cafevega