La oposición en el Senado define hoy la ruta para impugnar ante la Corte la mayoría de las 20 reformas aprobadas por Morena la madrugada del sábado, y aunque insistió en que hubo un sinfín de irregularidades, va a dejar fuera de sus acciones de inconstitucionalidad las relativas a deudores alimentarios, disminución de edad para ser diputado e integrante del gabinete y la de albergues para mujeres.
Desde Morena se ratificó que todo puede ser revisado por el Poder Judicial, porque fue legal. “Sólo esperamos que no resuelva por consigna, sino en el marco de la ley”, comentó José Narro. Él y César Cravioto desmintieron por otra parte versiones de que se pretende remover a Ricardo Monreal como coordinador de la bancada guinda.
Kenia López (PAN) dijo que hoy se reunirán los coordinadores parlamentarios para establecer la ruta legal a seguir en cada una de las leyes donde “consideramos se violó el proceso legislativo, alguna ley o la Constitución”. Luego de que estas sean publicadas, explicó que se tienen 30 días para impugnar.
Según la panista, los senadores del régimen “aprobaron en lo oscurito cambios para destruir instituciones, y lo hicieron de manera mezquina; tomaron protesta a suplentes para alcanzar quorum, no hubo debate, no hicieron parlamentos abiertos ni consultas obligadas por ley, y tampoco convocaron a comisiones; sólo recabaron firmas. En promedio, cada 12 minutos, sin presentación de dictámenes y dispensando lecturas, se aprobó cada una de las 20 reformas.
El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, explicó que en las bancadas que integran el llamado “bloque de contención” hay un gran consenso en que se impugnen las reformas que desaparecen el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y Financiera Rural, así como la de ciencia y tecnología.
Agregó que hay dos o tres que pueden salvar la acción de inconstitucionalidad, entre ellas, la referida a la reducción de la edad para ser diputado y secretario de Estado, y los Centros de Atención de Mujeres.
Ante las críticas de la oposición por la desaparición de la Financiera Rural, José Narro (Morena) acusó que ese organismo se convirtió en “caja de corrupción”, pues 80 por ciento de sus créditos no iban a los productores rurales, sino a grupos políticos y organizaciones ajenas al campo. En los últimos dos años del gobierno de Enrique Peña Nieto, señaló, se dieron créditos –80 por ciento– sin garantías que no se han podido cobrar, y como favores a políticos. Puso de ejemplo que la familia del senador Mario Zamora recibió préstamos cuando este era director de la Financiera.
Ricardo Monreal puntualizó que todos los senadores estuvieron convocados a la sede alterna donde se sesionó el sábado, y que nunca estuvo blindada o custodiada por personal de seguridad. Los legisladores tenían libre acceso y libertad para acudir. Manifestó respetar a las bancadas en sus estrategias y tácticas, pero de haber estado, dijo, quizá algunas de las leyes no hubieran obtenido la mayoría que se requería.
