La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Estado mexicano a adecuar leyes, políticas y prácticas migratorias para eliminar la detención de extranjeros en situación irregular. En un pronunciamiento, al cumplirse un mes del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron 40 personas, también exhortó a actuar con debida diligencia para investigar y sancionar a los responsables de la tragedia.

De igual manera, reparar adecuadamente a las víctimas y adoptar medidas urgentes para evitar la repetición de estos hechos.

Expuso que en tanto se llevan a cabo las reformas para eliminar la detención de migrantes, es obligación de las autoridades garantizar que ésta se ajuste a los Principios Interamericanos, es decir, que se utilice únicamente de conformidad con lo autorizado por la ley y sólo cuando sea necesaria, razonable en todas las circunstancias y proporcional a un propósito legítimo; buscando la adopción de medidas alternativas.

La CIDH señaló que tomó nota de las acciones que adoptó el Estado a raíz del incendio en la estancia migratoria, el 27 de marzo, entre las que destacan la suspensión definitiva de las actividades en ese lugar; la entrega de tarjetas de visitantes por razones humanitarias que garantizan atención hospitalaria a los lesionados; las investigaciones iniciadas, y el proceso para reparar a las familias de las víctimas.

Asimismo, el anuncio del Poder Ejecutivo de la creación de un consejo para la protección de derechos humanos de los extranjeros y la reforma del Instituto Nacional de Migración.

En relación con el traslado de los restos de las personas fallecidas a sus países de origen, indicó que información del Estado señala que, hasta el 24 de abril, se procedió al retorno de 31 de las 40 víctimas.

Por otro lado, la comisión refirió que organizaciones civiles denunciaron “la criminalización” de Jaison “N”, migrante señalado como presunto autor material del incendio; quien, en ese momento, estaría ejerciendo el derecho a la protesta por la carencia de insumos básicos como agua. También, agregó, advirtieron sobre los posibles riesgos en la recolección de evidencias, la entrega de los cuerpos, y las limitaciones de las familias y sobrevivientes para participar en la investigación.