La Consejería Jurídica del gobierno federal condenó la difusión “clandestina” del proyecto de resolución del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Alberto Pérez Dayán relacionado con el plan B electoral.

Señala que dicha acción constituye una violación a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, así como de los códigos Penal Federal y de Ética del Poder Judicial, además de que podría incidir en la imparcialidad de los ministros y contaminar el proceso deliberativo.

Para la Consejería, la filtración a un medio de comunicación de un proyecto tan relevante (pues “supuestamente, propone invalidar la reforma a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, aprobadas en diciembre de 2022), no constituye un acto de transparencia, “sino de irresponsabilidad” de la Corte, pues es un asunto que aún no ha sido incluido en la lista oficial por resolver en el pleno y transgrede los procedimientos regulares en el Poder Judicial.

En el Acuerdo 18/2006, emitido por el pleno de la SCJN, se considera que los proyectos de sentencia de los ministros constituyen información reservada, pues su difusión anticipada puede generar que se prejuzgue sobre el contenido.

“Debe responder” al pueblo

“¿Quién es responsable de resguardar la información de un expediente judicial en trámite ante el alto tribunal? ¿Con qué intención alguien de la Corte filtró a un medio de comunicación, en exclusiva, un proyecto de sentencia tan relevante? ¿A cambio de qué se entregó la información reservada? ¿Afecta o no el principio de imparcialidad de los demás jueces constitucionales? ¿Es causa de responsabilidad grave la divulgación indebida de esta información?”, pregunta.

Para la Consejería, son preguntas que la SCJN “debe responder al pueblo de México”, porque viola la reserva que este tipo de resoluciones deben tener en su procesamiento, y transgrede el principio de imparcialidad de los ministros.