Almoloya de Juárez, Méx. Un juez de distrito adscrito al centro de justicia contiguo al penal de máxima seguridad del Altiplano decretó la libertad del ex director de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Jesús Óscar Navarro Gárate, y a dos ex funcionarios de Leche Industrializada Conasupo SA de CV (Liconsa) –detenidos el pasado 24 de abril– al considerar que no había elementos suficientes para procesarlos por el delito de delincuencia organizada que les imputó el Ministerio Público (MP) federal.

Tras una audiencia que inició al mediodía del lunes pasado, el juez decretó ayer por la madrugada el auto por el cual absolvió a Navarro Gárate, Carlos Norberto Valero Flores, ex subdirector de Aseguramiento de Calidad de Liconsa, y a Enrique Zamorano Solís, ex subgerente de Impuestos de la empresa de participación estatal mayoritaria, pues estimó que las pruebas aportadas por el MP no sostenían la sospecha de que se confabularon para favorecer a particulares con el pago de recursos públicos, por servicios nunca entregados a Segalmex.

Desviaron millones

La acusación se centraba en que los ex funcionarios permitieron que se pagaran cientos de millones de pesos del erario a Grupo Vicente Suárez y Comercializadora de Productos Lácteos La Laguna (Coprolac), por servicios de procesamiento de leche.

Aunque Segalmex pagó más de 458 millones de pesos a Grupo Vicente Suárez, y entregó más de 890 millones de pesos en especie (leche bronca) a Coprolac para que elaborar leche en polvo, ninguna cumplió el contrato.

El MP sostuvo que los tres acusados permitieron la liberación de recursos sabiendo que las empresas no tenían capacidad técnica, financiera ni humana para cumplir los contratos, pero la defensa de los acusados demostró que sí alertaron de irregularidades en las asignaciones y pagos a Grupo Vicente Suárez y Coprolac.

En la causa penal 211/2023 también estaba acusado Édgar Alejandro Armenta Peralta, quien fue socio y representante legal de Grupo Vicente Suárez, por delincuencia organizada e incurrir en operaciones con recursos de procedencia ilícita. El juzgador consideró que sí hay elementos para presumir su responsabilidad, por lo que le dictó auto de vinculación a proceso.