Dionisio N, socio mayoritario del complejo City Towers ubicado en la colonia Santa Cruz Atoyac, aseguró que el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, lo contrató para realizar trabajos de remodelación en la sede del gobierno local, pero únicamente le pagó 15.5 de los 25.6 millones de pesos que costó el proyecto.

En declaraciones a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), el empresario presume que el monto restante fue pagado a empresas cercanas a Taboada, entre ellas Construcciones y Desarrollos Virtuales, cuya apoderada legal era Soraya von Roehrich, hermana del ex delegado de la demarcación Christian, detenido el pasado 20 de abril.

Hace poco más de una semana, el representante de las familias defraudadas por la venta de inmuebles irregulares en City Towers, Rodrigo Muñoz Dromundo, ya había informado que el actual alcalde posee al menos un inmueble en ese megadesarrollo.

El abogado también dijo que saldrán a la luz más nombres, pues toda la plana del Partido Acción Nacional (PAN) en la alcaldía está coludida.

Tales aseveraciones se ven reforzadas por las aseveraciones de Dionisio N, y apuntan a que Taboada pudo haber repetido el modus operandi de su antecesor, Von Roehrich, para allegarse recursos ilícitos: exigir a los beneficiarios de permisos de construcción irregulares que lleven a cabo obras que son facturadas por empresas fantasmas vinculadas a funcionarios del PAN.

Por un elemental principio de salud pública, por congruencia con la transparencia de la que Acción Nacional se dice adalid en estos días, y por preservar su propia imagen y su credibilidad ante los ciudadanos, debe acelerarse el esclarecimiento sobre la adquisición de cientos de propiedades en unos pocos años por parte de funcionarios del bastión panista.

Sin prejuzgar en torno a la inocencia o culpabilidad del alcalde en los delitos de los que se le acusa, está claro que se debe emprender una investigación exhaustiva de estos señalamientos, así como judicializar el expediente a la brevedad posible para alcanzar un pronto deslinde de responsabilidades. Sería exasperante e inadmisible mantener a los habitantes de Benito Juárez en una prolongada incertidumbre sobre si están siendo gobernados por un delincuente, o no.

Lo ineludible del esclarecimiento salta a la vista, pues conforme transcurren los días, más edificios son construidos en esa demarcación, con autorizaciones expedidas por funcionarios que, por lo que se sabe hasta ahora, han violado los reglamentos de construcción a cambio de cuantiosas ganancias.

Esta corrupción no sólo amenaza al patrimonio de miles de personas, sino que ya ha costado vidas: después del sismo del 19 de septiembre de 2017, Protección Civil declaró inhabitables al menos tres edificios construidos apenas un año atrás. Uno de ellos, ubicado en Antillas 56, sufrió el derrumbe de una cuarta parte de su estructura, donde fallecieron dos personas.

Por ello, esclarecer y fincar las responsabilidades en la trama del cártel inmobiliario es un verdadero asunto de vida o muerte.