Xalapa, Ver., Agustín Pérez Merchant, profesor jubilado de 64 años y con ambas piernas amputadas, se las arregla desde hace cuatro años para sobrevivir con mil 580 pesos al mes, monto que las financieras Procasa e Intermercado le dejan en el banco tras descontarle las mensualidades de dos créditos.

El mentor solicitó en 2018 un crédito a Ciep Procasa de Xalapa SA de CV por 130 mil pesos. Al cabo de un año de efectuar pagos, la empresa le ofreció un refinanciamiento por 230 mil pesos, por el cual Pérez Merchant recibiría 64 mil 737.75 pesos y el resto, 159 mil 794.25 pesos, irían al pago del crédito pendiente de liquidarse.

El financiamiento contemplaba una tasa de interés anual de 31.11 por ciento y un costo anual total de 36.7 por ciento, con la proyección de un monto total a pagar por 499 mil 414.80 pesos en 60 mensualidades de 8 mil 323.58 pesos.

Pero también se aplica a Agustín Pérez un descuento de nómina por 4 mil 645.68 pesos por un crédito con Intermercado contratado en 2017. Asimismo paga 305.66 pesos de un préstamo con Fideicomiso Global de Trabajadores de la Educación, sección 56 (FigloSnte56), que aunado a las aportaciones sindicales y un seguro de vida le dejan mil 580 pesos en la bolsa.

Mario Alberto di Costanzo Armenta, ex presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, señaló que las financieras promueven el sobrendeudamiento de trabajadores al otorgar créditos sin considerar la capacidad de endeudamiento.

“Yo puedo ir a otra y otra financiera a solicitar otro y otro crédito sin restricción, comprometiendo mi capacidad de pago más allá de mis posibilidades. Con esta forma de operar de las nomineras que no revisan el historial de solicitud de crédito, muchos trabajadores están cobrando cero pesos”, indicó.

Otra experta en el tema, Teresa Carbajal Vázquez, advirtió que comúnmente un deudor accede a refinanciamientos, aunque sean en condiciones de desventaja, con tasas altas de interés, pago de comisiones y servicios que incrementan el monto y el plazo de la deuda.

Pérez Merchant y su familia sobrevivían con las ganancias de una tienda improvisada en su casa, pero el establecimiento cerró por la pandemia de covid 19. La situación se agravó cuando le amputaron las dos piernas debido a complicaciones de diabetes, entre 2020 y 2022.

El docente ha pensado en acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), pero se lo impiden su movilidad y falta de recursos.

En 2018, la Condusef solicitó a la Asociación Mexicana de Empresas de Nómina (Amden) que corrigiera dichas malas prácticas y proporcione a los usuarios toda la información relacionada con la apertura de créditos, incluidos contratos de adhesión, tablas de amortización, estados de cuenta y comprobantes de operación, para dar seguridad jurídica a sus clientes.

El organismo además pidió revisar la capacidad crediticia de los usuarios para evitar sobrendeudamientos, y revisar las tasas de interés.

El problema es que la gente no quiere pagar: dirigente

En entrevista, Gustavo Martín del Campo Melgar, presidente de la Amden, aseguró que todas las recomendaciones se atendieron, y la asociación impuso un código de ética, así como lineamientos para corregir los señalamientos.

Expuso que debido a los requerimientos para conseguir fondeo y prevenir el lavado de dinero, “todos los expedientes se tienen que reunir, de manera que las instituciones que yo represento tienen toda la información física y electrónica”.

El presidente de la Amden –que en diciembre de 2019 reportó una cartera de 76.9 mil millones de pesos– argumentó que sus afiliados no generan sobrendeudamiento porque verifican “el talón del trabajador de los últimos tres meses para saber qué otros descuentos tiene. Revisamos si pagan alimentos a sus hijos o a su ex mujer, o un crédito del Infonavit (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores)”.

Sostuvo que los agremiados de la Amden aplican la regla “30-20”, a partir de la cual no se otorgan créditos que impliquen descuentos superiores a 30 por ciento del sueldo de una persona, y después de aplicar los descuentos totales les debe quedar al menos 20 por ciento de su sueldo para vivir.

Sobre las quejas que sus integrantes acumulan ante la Condusef, comentó que aunque esos números parecieran gigantes, “no son ni el uno por ciento de los créditos que otorgamos, entonces la comparación se hace un poquito más pequeña o, vamos, le resta importancia”.

Agregó que “el problema, y déjame decirlo aunque sean palabras fuertes, es que hay mucha gente que no quiere pagar. Por ejemplo, te puedo decir que tenemos varios casos de vivalillos que piden un crédito con una INE (credencial del Instituto Nacional Electoral) y tres semanas después se presentan con otra INE y dicen ‘esa no es mi firma’. Considero que el tema de las quejas debería ser administrado diferente”.

A pesar de que Martín del Campo Melgar asegura que la Amden acata las recomendaciones de la Condusef, las reclamaciones de usuarios no disminuyen y tienden a la alza.

Al analizar anuarios estadísticos de la Condusef, se observa que en 2018, cuando se emitió la recomendación a la Amden, se registraron 27 mil 21 reclamaciones de usuarios y el año siguiente la cifra aumentó a 32 mil 991. Las quejas se redujeron en 2020 a 21 mil 699, pero en 2021 aumentaron a 33 mil 623.

Las financieras que otorgan créditos de nómina con cobranza delegada fueron acreedoras entre 2014 y 2021 a 34 mil 210 multas, 43.81 por ciento del total de las sanciones que la Condusef aplicó en ese periodo, en el cual se impusieron 15 mil 603 correctivos económicos a sociedades financieras de objeto múltiple por un total de 447 millones de pesos.

Investigación realizada por La Jornada, NV Periodismo de Investigación y Connectas, con el apoyo del International Center for Journalists