Histérica, como siempre, la autodenominada oposición grita, patalea y se retuerce por el paquete de reformas aprobado por el Legislativo (de forma destacada, la Ley de Minería), mientras los integrantes de aquella terminaron por divertirse en la pijamada que organizaron en lugar de asumir su responsabilidad y realizar el trabajo parlamentario que les corresponde, sueldo incluido.

Una de las reformas que más escozor provocó –no la única, desde luego– entre esa supuesta oposición fue la relativa a la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, que autoriza la “desaparición” del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la creación del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (Conahcti). Incluso, algunos de sus integrantes (sea como legisladores o simples “adherentes” a su causa) se animaron a decir que tal modificación es “absolutamente aberrante”.

Al respecto, el presidente López Obrador destacó la reforma al Conacyt, porque en este organismo “se utilizaba el dinero público para dar subsidio a empresas trasnacionales. Necesitamos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para la investigación sobre el litio, para todo lo que es de interés nacional, no para estar dando subsidios. Bueno, les daban éstos incluso a empresas que producían alimentos chatarra”.

Pero lo aberrante es que los presuntos legisladores de oposición (y lo que representan) conocieron perfectamente la voluminosa desviación de recursos públicos del Conacyt (vía fiscal o en transferencias directas) para beneficiar a los corporativos nacionales y foráneos que operan en México, siempre con el pretexto de incentivar la investigación y el desarrollo tecnológicos en el país. Pero permanecieron mudos ante el citado saqueo.

Y esa catarata de dinero de la nación no solo fue en un sexenio, sino en cuatro al hilo: Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, hasta sumar entre 75 mil y 100 mil millones de pesos del erario canalizados a la oligarquía, que sólo beneficiaron a las grandes empresas –nacionales y foráneas– (en este enjuague no podían faltar Kimberly Clark de México, de Claudio X. González Laporte, asesor de Carlos Salinas de Gortari y papá de Claudito, quien resulta ser uno de los principales gritones).

Desde el inicio de la presente administración se denunció este saqueo. En enero de 2019, la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, documentó: con EPN, “del presupuesto público a ciencia y tecnología se hicieron transferencias por alrededor de 50 mil millones de pesos a distintas empresas privadas, pese a que el presupuesto público para la ciencia ha sido raquítico. Lo que encontramos está muy ligado al uso discrecional, opaco; se realizaron (2013-2018) transferencias millonarias al sector privado vía Conacyt; sólo a través de los fideicomisos y un programa, 41 mil 624 millones”.

Ese dinero público no se canalizó a la UNAM o el IPN, porque Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto decidieron financiar con recursos de la nación a las grandes empresas privadas. Más aún: en 2008, Borolas exigió al rector de la máxima casa de estudios recortar el presupuesto puma en 4 mil 500 millones de pesos; la respuesta fue simple: si necesita ese monto, cancele subsidios al sector privado para investigación y desarrollo de tecnología.

Un botón de muestra de las empresas beneficiadas: Telmex, Televisa, Bachoco, Mabe, Femsa, Banco Azteca, Bimbo-Barcel, Pepsico-Sabritas, Comex, Grupo Posadas, Banamex-Citigroup, Laboratorios AstraZeneca, Bayer, DuPont, Abbott Laboratories y todas las trasnacionales automotrices (Volkswagen, General Motors, DaimlerChrysler, Nissan y Ford). Dicho sea de paso, las empresas se quedaron con las patentes resultantes, sin beneficio alguno para el país.

Las rebanadas del pastel

Sigue la “persecución política” (Santiago Creel dixit): Santiago Taboada, alcalde en Benito Juárez, y varios ex funcionarios públicos de la demarcación “continuaron con el modus operandi para llevar a cabo actividades ilícitas en el sector bienes raíces y probablemente hacerse de manera irregular de diferentes inmuebles, aprovechándose de su encargo público”, informó la Fiscalía General de Justicia de la CDMX. “El alcalde tiene al menos un departamento con valor promedio de 5 millones de pesos en el complejo City Towers, donde otros panistas posiblemente obtuvieron inmuebles, como parte de la red de corrupción inmobiliaria que encabezó el ex delegado Christian von Roehrich” ( La Jornada, Laura Gómez Flores).

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