A dos años de ocurrido el desplome de un tramo del viaducto elevado de la línea 12 del Metro, que dejó 26 muertos y 103 lesionados, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) informó que se han firmado 117 acuerdos reparatorios entre víctimas directas e indirectas con las empresas constructoras, y fueron vinculadas a proceso 10 personas, entre ellas seis ex servidores públicos, por su presunta participación en los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad, todos culposos.

Dichos acuerdos, que se celebran entre víctimas e imputados con aprobación del Ministerio Público en la etapa de investigación inicial y del juez de control en la investigación complementaria, tienen como efecto la extinción de la acción penal, aunque 12 están pendientes de concretarse, indicó.

Se trata, explicó, de un mecanismo incorporado al sistema de justicia que busca privilegiar los intereses de las víctimas y encontrar soluciones que impliquen la reparación eficaz y oportuna de los daños causados sin necesidad de desahogar un largo proceso judicial.

Además, se logró vincular a proceso a los ex directores del Proyecto Metro Enrique Horcasitas, de Construcción de Obras Civiles Juan Antonio Giral y de Diseño y Obras Civiles Moisés Guerrero, y al subdirector de Estructuras e Ingeniería, Enrique Baker.

También a Guillermo Alcázar, ex director responsable de obra de la construcción; Héctor Rosas, ex subdirector de Obras Civil C; Juan Carlos Alvarado, residente de obra; Fernando Ramiro Lalana, director responsable de obra; Fernando Amezcua, ex director de Supervisión de Obra, y Ricardo Pérez, ex encargado de estructuras corresponsables de seguridad estructural.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceavi) informó que se otorgaron apoyos a las familias de 10 mil y hasta 30 mil pesos, y el Sistema de Transporte Colectivo les entregó 385 millones de pesos como ayudas emergentes e indemnizaciones complementarias, y se les dio una indemnización por la suscripción de los acuerdos reparatorios.

Además, los lesionados recibieron atención médica y sicológica sin costo y se otorgaron más de 2 mil sesiones médicas y de rehabilitación de entre 70 y 90 millones de pesos para asegurar su evolución favorable; se gestionaron oportunidades de trabajo remunerado y apoyos de educación y vivienda.

En tanto, el abogado Teófilo Benítez, acompañado de familiares de 12 víctimas, quienes no han firmado el acuerdo reparatorio para extinguir la acción penal contra las empresas constructoras, informó que este miércoles dará a conocer “las acciones a seguir para sacar este caso de la impunidad y se atienda a las personas lesionadas, varias de las cuales quedaron con daños irreversibles”.