Aun cuando la nueva ley de minería permite que continúen las “prácticas abusivas y excesivas de las mineras, sobre todo las canadienses”, incluye elementos positivos como la consulta previa a comunidades, impedir la explotación submarina o donde no haya disponibilidad de agua, explicó Eduardo Murat Hinojosa, diputado del PRI.

El legislador detalló que después de una evaluación conjunta con grupos de defensa del medio ambiente, votó a favor de la ley en la sesión del 20 de abril, en contraste con el resto de su bancada.

“No es la ley más robusta, contiene muchos tintes de privilegio, como mantener el carácter de utilidad pública de las actividades mineras, pero incluyó elementos que la salvan”, dijo en entrevista.

Murat, integrante de la Comisión de Medio Ambiente, expuso que la nueva redacción no prohibió la minería a cielo abierto, el uso de mercurio ni cianuro; tampoco obliga a la transparencia en los estados financieros de los grupos mineros, punto que habría permitido “demostrar sus ganancias exorbitantes y desproporcionadas”.

No obstante, señaló que votó a favor porque mantiene el cuidado a las áreas naturales protegidas, al igual que la obligación de realizar estudios de impacto social y ambiental de la minería. “Estos temas, así como la consulta previa y que no se otorguen concesiones donde no hay disponibilidad de agua, rescatan la reforma”.

La regulación es relevante porque en la transición energética el problema de gases de efecto invernadero pasará a la pérdida de diversidad, ya que las nuevas tecnologías requieren de más de siete minerales y en el centro de todo está el agua, resaltó.

Recordó que en esa sesión presentó una reserva para incluir la obligación a la Comisión Nacional del Agua de realizar supervisiones mensuales de la calidad y cantidad del líquido en áreas concesionadas, así como prohibir permisos de explotación a mineras que pretendan concentrar más de 30 por ciento del volumen total de disponibilidad de la cuenca o acuífero.

Agregó que se trata de una lucha histórica apoyada por colectivos las comunidades afectadas por la industria, además de que resulta indispensable proteger los cuerpos de agua. Morena y sus aliados rechazaron la reserva.