El anuncio de la compraventa de 13 centrales eléctricas despertó las más fuertes pasiones y reacciones negativas dentro del círculo rojo de la opinocracia nacional. Para intentar descalificar la operación y todo lo que el gobierno (y la misma empresa) anunció, de inmediato se decía que era una negociación entre privados y que el gobierno poco o nada tenía que ver en ella. La estructura de la acción se convirtió de inmediato en uno de los principales elementos a discusión. ¿Quién era el dueño, el Estado o un privado? La realidad es que tanto el gobierno federal como la empresa en su comunicado inicial dieron todos los elementos para entender dicha estructura.
Como mencioné el 7 de abril ( https://bit.ly/41W2JOc ) y después el secretario de Hacienda confirmó en la mañanera, el propietario de las plantas será el gobierno federal a través del Fonadin. Dichas plantas estarán aportadas a un fideicomiso (FISO), el cual será gestionado por México Infraestructure Partners (MIP) y del que la CFE será designado beneficiario. Esto, a diferencia de lo que el círculo rojo insiste, quedaba claro desde el primer comunicado que la empresa emitió. Cito: “(Iberdrola México) ha suscrito hoy un acuerdo de intenciones con México Infrastructure Partners FF, SAPI de CV (MIP) para la adquisición por un fideicomiso privado gestionado por MIP”.
La empresa siempre habló de que sería un FISO, gestionado por MIP, el que sería el responsable de la compra. ¿Por qué el acuerdo se firma con MIP? Porque MIP es el fiduciario de dicho FISO, es decir, quien gestiona y lleva a cabo las instrucciones que los dueños de los bienes del FISO (los Fideicomitentes/Fonaduin) le den.
La siguiente gran crítica es el “excesivo costo” de la transacción. Como referencia, en varias columnas de opinión se ha dicho que los 706 mil dólares por megavatio (MW) que se contempla pagar en esta operación resultan excesivos si se comparan con lo que costó construir una central que entró en operaciones en 2019, llamada Topolobampo II. De acuerdo con estas columnas, dicha central tuvo un costo de construcción de 467 mil dólares por MW, por lo que la compra del gobierno es un fracaso total. Lo primero que hay que entender es que si la planta entró en operación en 2019, al menos en 2016 debió haber iniciado la construcción de dicha central. Esto implica que, siguiendo las “mejores prácticas” en estos proyectos, al menos en 2015 se debieron haber firmado los contratos para asegurar los precios de las materias primas. Por lo que dicha comparación, dólares de 2015 vs dólares de 2023, es decir, sin incluir nueve años de inflación, es totalmente errónea. Adicional a esto, el valor de construcción no es lo que se está pagando, sino que se paga el “valor de la empresa”. Para saber esto, no falta más que remitirnos al comunicado original de la empresa: “La valoración acordada para la venta de estos activos (en términos de valor compañía o enterprise value, libre de caja y de deuda, de las sociedades titulares de los activos)”.
Con esto nos daba a entender que el precio de compra no estaba basado en el costo de los “fierros” únicamente. Dicho precio incluía todos los activos dentro de compañías a vender. ¿Y qué activos adicionales tienen las centrales? Varios, que son extremadamente importantes, como los siguientes: contrato de interconexión a la red eléctrica; infraestructura física de interconexión a la red eléctrica; acceso “prioritario” a dichas redes eléctricas al ser consideradas “no despachables” por mantener condiciones previas a la reforma de 2013, y el más importante de todos, contrato de compraventa de largo plazo de toda la energía eléctrica generada, así como los excedentes que se generen. Contrato asegurado por el balance financiero de la CFE que equivale a una garantía soberana de pago.
Por último, la crítica parece ahora centrarse en que el gobierno federal aportará únicamente 20 por ciento de los recursos necesarios para concretar la operación como “capital de riesgo” y el restante 80 por ciento lo “levantará” como deuda usando diversos instrumentos. ¿Sí se darán cuenta de que se están quejando de que el gobierno utilice el mismo esquema que la IP utiliza para la construcción de estos proyectos? Es más, qué bueno que lo hace así el gobierno. De todas formas es el mismo gobierno el que, a través del contrato de largo plazo con CFE, garantiza la fuente de pago (que incluye utilidades) a dichos proyectos de infraestructura. Por eso eran tan atractivos a inversionistas. Se requería 10-20 por ciento del costo total y lo demás era fácilmente obtenible mediante un crédito, porque tenías el respaldo de la garantía cuasi soberana de CFE por 25 años. Qué bueno que por primera vez se use esa garantía para fondear una compra del Estado en beneficio de sus ciudadanos. Lo celebro.
*Maestro en finanzas en el sector energético por la Universidad de Edimburgo. Especialista en temas energéticos
Twitter: @aloyub
