La construcción de hospitales bajo el esquema de asociaciones público privadas (APP) fue iniciativa del gobierno panista de Vicente Fox, en paralelo a la creación del Seguro Popular y con el supuesto objetivo de ampliar la cobertura de servicios de alta especialidad.

Desde el “gobierno legítimo” de Andrés Manuel López Obrador, la investigadora Asa Cristina Laurell documentó (a partir de 2007) las desventajas de los contratos que se concretaron durante los gobiernos de Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, por los sobreprecios impuestos por las empresas y aceptados por cada administración federal.

Ayer, López Obrador anunció que su gobierno buscará llegar a un acuerdo con los concesionarios para disminuir los costos de los contratos, con un mecanismo similar al que se aplicó con las empresas que construyeron prisiones de gestión pública-privada en el país.

El factor más adverso de este esquema hospitalario ha sido que los inmuebles están subutilizados por la carencia de médicos especialistas y porque las decisiones sobre su ubicación se tomaron con criterios políticos y no técnicos.

Al menos eso ocurre con los tres que dependen de la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad: el Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) de Ciudad Victoria, el cual a comienzos de esta administración operaba entre 25 y 30 por ciento de su capacidad, aunque a la fecha se encuentra a 40 por ciento.

Un directivo de la constructora Marhnos comentó a La Jornada (31/12/13) que el proyecto original era construir el inmueble en Tampico, pero “por una negociación política se decidió ponerlo en la capital”, donde ha prevalecido un alto índice de inseguridad.

El primer nosocomio regional que se concretó fue el de El Bajío, el cual, en diciembre de 2018, estaba entre 60 y 70 por ciento de su capacidad y ahora, a 80 por ciento. El de Ixtapaluca pasó de 35 a 80 por ciento de sus instalaciones en servicio. En todo los casos, los porcentajes están en incremento.

Las APP consisten en que la empresa ganadora del contrato realiza la inversión económica, construye el hospital con todo lo necesario, incluidos equipos médicos, y los administra durante 25 años, lo que significa que se hacen cargo de la totalidad de servicios y mantenimiento que requiera la infraestructura concesionada.

Las instituciones de salud se encargan de la operación con su personal médico y administrativo, así como de cubrir el pago mensual acordado, el cual se actualiza con base en la inflación.

Asa Cristina Laurell señaló en reiteradas ocasiones y en diferentes foros lo que también se ha documentado en este diario: con el dinero destinado al pago de los hospitales APP, el gobierno podría haber construido el doble de inmuebles.

López Obrador también mencionó ayer que los contratos fueron focos de corrupción porque “se asignaron a familiares y amigos de políticos”.

Cristina Laurell lo ha señalado con claridad: el HRAE de El Bajío lo ganó el grupo Acciona, empresa española; el de Ixtapaluca se asignó al grupo GIA, de Hipólito Gerard Rivero, cuñado del ex presidente Carlos Salinas de Gortari.

Los de Ciudad Victoria y el Bicentenario en estado de México están a cargo de Marhnos Construcciones, de la familia Servitje, relacionada con el PAN; en tanto, el nosocomio de Zumpango es administrado por Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú, también constructor de la casa blanca de Angélica Rivera, ex esposa de Enrique Peña Nieto.

En el Instituto Mexicano del Seguro Social se planeó la construcción de cuatro hospitales APP, pero este gobierno alcanzó a cancelar la edificación de dos.