Xalapa, Ver., Los créditos de nómina con cobranza delegada, en los que el empleador descuenta de manera automática del salario del trabajador una parcialidad para entregarla a la entidad acreditante, son una realidad en México, aunque la Constitución y la Ley Federal del Trabajo estipulan que disponer del sueldo es irrenunciable, está protegido de descuentos, embargos y retenciones, y no puede cederse a terceros.

Mientras una iniciativa para normarlos se empolva en el Senado, la Asociación Mexicana de Empresas de Nómina (Amden), que agrupa alrededor de 90 por ciento de los créditos de nómina otorgados por instituciones financieras no bancarias, reporta que los mexicanos han solicitado tres millones de créditos.

Éstos son operados casi en su totalidad por Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), creadas en 2006 para la inclusión financiera al dar préstamos a personas o empresas sin acceso al crédito bancario. En pocos años se convirtieron en el mayor proveedor de servicios financieros, con un rango de 2 mil 66 instituciones. También acumularon críticas: 174 mil mexicanos han denunciado prácticas abusivas, como el profesor Willy Luis (nombre ficticio); él pidió un préstamo luego de que en 2017 un sismo de magnitud 8.2 destruyó su casa.

Willy solicitó 60 mil pesos a HXTI SA Sofom ENR para reconstruir su vivienda. Después de seis meses de pagar la deuda hizo un balance de sus finanzas. Durante un mes intentó comunicarse a HXTI y nadie accedió a otorgarle un estado de cuenta.

Ante las evasivas, Willy acudió a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), ubicada a 300 kilómetros de su lugar de origen; después de tres meses la financiera entregó un reporte.

Cuando Willy tuvo el informe identificó inconsistencias entre la información que le dieron verbalmente y los términos reales. De entrada el plazo de pago no era por 60 mensualidades sino por 72. El profesor hizo cuentas y a pesar de que había pedido 60 mil pesos le faltaban por liquidar 144 mil y no sabe cuál fue la tasa de interés que le cobraban.

Las reporteras a cargo de la investigación buscaron a HXTI por correo electrónico, redes sociales y teléfono para conocer su versión sobre la denuncia. No hubo respuesta.

Raúl Valencia del Toro, consultor en la firma Valencia del Toro que asesora Sofomes, señala que la mínima tasa de interés en estos créditos ronda 27 por ciento anual, pero algunas llegan a 90 por ciento. Además, explica que quienes optan por estos créditos están dispuestos a pagar tasas altas porque están en apuros.

Un trabajo conjunto entre La Jornada, NV Investigación y Conecctas revela que a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció contra la iniciativa para normar estos créditos, su gobierno permite que se mantengan.

Peticiones de información a secretarías de Salud, Finanzas y Educación de las 32 entidades y búsquedas en la Plataforma Nacional de Transparencia, permitió identificar que de 2014 a la fecha, los gobiernos estatales firmaron más de 500 convenios con 127 financieras para dar créditos de nómina con cobranza delegada, y los cobros de créditos de estos acuerdos siguen vigentes.

Además, tras una revisión de los anuarios de la Condusef se identificó que 60 por ciento de las financieras con el mayor número de convenios con gobiernos estatales acumulan 30 por ciento del total de las quejas dirigidas hacia las Sofomes.

Los gobiernos de Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Sinaloa incurrieron en mala gestión de los créditos al realizar descuentos a los trabajadores sin entregar el dinero a las financieras. Los empleados han tenido que pagar multas por esta negligencia.

Desde el sexenio del priísta Enrique Peña Nieto (2012-2018) se aceptó que las altas tasas de interés en este tipo de créditos son un problema para los trabajadores públicos. Incluso se creó un programa para refinanciar las deudas de los maestros; el programa no finalizó y también fue señalado por anomalías.

Mientras las autoridades miran hacia otro lado, los mexicanos cuentan con la Condusef, entidad para quejarse, pero que sólo concilia las partes en conflictos. La falta de regulación en esta actividad permite que se vulneren los derechos.

Para Alberto García, asesor parlamentario en temas de trabajo y seguridad social, la insistencia de los diputados en impulsar la iniciativa deficiente y el rechazo presidencial no es el mejor escenario.

“Decir: ‘si la aprueban, la veto’, no es la mejor postura, como jefe de Estado se puede decir: ‘hay que corregirla, porque no está bien así’. La parálisis legislativa que se dictó desde Palacio Nacional deja las cosas como están, lo cual es malo”.

Willy recuerda que en aquella reunión ante la Condusef propuso hacer un pago anticipado para reducir su deuda. HXTI se negó. Aunque la respuesta no es ilegal –pues falta la norma que lo prohíba–, es abusiva, según defensores de usuarios crediticios como Teresa Carbajal Vázquez. Ante la mediación de Condusef, la financiera accedió al pago anticipado de 90 mil pesos en un plazo de 15 días.

Un año después, Willy recibió una llamada de la financiera reclamando el pago de las últimas cinco parcialidades de su crédito. Al poco tiempo, se enteró de que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (Ieepo) no entregó los descuentos de su salario a la financiera. Meses después de poner su queja ante el Ieepo logró que depositara los pagos pendientes.

Experiencias amargas

Con esa amarga experiencia y pasados dos años y medio con pagos a la deuda por 72 mil pesos, Willy logró reunir 50 mil como anticipo a la financiera. “Yo entregué 122 mil pesos por un préstamo de 60 mil, mucho más de lo que pedí”, dice a seis años del sismo y del crédito.

Era 2013 y Rossy (nombre ficticio) llegó a Comitán, Chiapas, para trabajar de enfermera en la Secretaría de Salud. Recuerda los retos que tendría: dejó la casa materna y necesitaba un lugar para vivir. Así acudió a la financiera Kondinero (Directodo México, Sapi de CV Sofom) y solicitó un préstamo por 30 mil pesos para comprar cama, estufa y un cilindro de gas. Dice que le firmó un contrato a la financiera en una oficina, pero no le dejaron copia del acuerdo ni tabla de amortización. Aunque se le hizo extraño, no preguntó por los documentos.

Días después, su empleador comenzó a descontarle del salario. Los montos eran irregulares: había quincenas que le quitaban 751 pesos, otras mil 398 y en varias ocasiones le descontaron 2 mil 672 pesos.

Con cuatro años abonando a la deuda, casi 80 mil pesos pagados, seguía sin liquidarla y lo inaudito estaba por ocurrir. Salud, que administraba los descuentos del crédito, no entregó el dinero a la financiera. Eso ocasionó multas que la mantienen endeudada. Rossy sigue sin liquidar su crédito. Para vivir trabaja más y vende empanadas con su madre.

La Jornada y Connectas contactaron a Kondinero por correo y vía telefónica, pero hasta la publicación de este reportaje no hubo respuesta.

Según María de Jesús Espinosa de los Santos, dirigente de la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud en el periodo 2018-2022, en aquel momento había en Chiapas 10 mil trabajadores multados y enviados a buró de crédito como Rossy.

En abril de 2017, enfermeras del hospital Rafael Pascacio Gamboa, ayunaron para protestar. Exigían abasto de medicinas e insumos para los hospitales públicos del estado y pedían que el gobierno de ManuelVelasco Coello cumpliera con la entre-ga de las parcialidades de créditos, que pese a descontarse de los salarios no se entregaban a las financieras.

La huelga acabó después de 10 días; lograron un acuerdo con las autorida-des, que se comprometieron a liquidar los adeudos. En reuniones subsecuentes, las enfermeras pugnaron porque se revisaran las condiciones en que las financieras operaban los créditos. La Jornada y Connectas buscaron la versión de la Secretaría de Salud. No hubo respuesta.

Dos años pasaron para atender los reclamos. En julio del 2020, el gobierno de Chiapas, encabezado por Rutilio Escandón Cadenas, publicó un decreto que reconoció que los convenios entre financieras y el gobierno de Velasco Coello exponían a prácticas abusivas.

Ante los vicios de las financieras, las autoridades de esa entidad cancelaron los convenios de colocación de créditos firmados por la administración anterior y prohibió firmar nuevos acuerdos. Pero a tres años de aquel decreto los descuentos a los trabajadores continúan activos.

Las financieras acudieron al Poder Judicial, el cual les otorgó amparos que permitían continuar con las retenciones sobre créditos pactados antes de la aplicación del decreto.

En respuesta a una solicitud de información, el gobierno chiapaneco informó que en la actualidad se aplican descuentos de nómina a 18 mil 183 empleados en favor de 15 empresas derivado de los amparos.

Rossy se benefició del decreto un año y medio, pero cuando las entidades financieras obtuvieron el amparo los descuentos regresaron.

Su sueldo como trabajadora en el hospital de Comitán “María Ignacia” es de 6 mil pesos al mes; a su bolsa llegan 2 mil pesos y el resto se lo queda la financiera. Rossy planea migrar a otro país porque la situación la agobia. No sabe cuánto le falta por pagar.

Investigación realizada por La Jornada, NV periodismo de investigación y Connectas, con el apoyo del International Center for Journalists