En el sexenio de la no corrupción, tampoco nuestra alma mater se ha liberado de los fraudes administrativos, efectuados en todas las áreas desde los más altos cargos hasta los más modestos. Los representantes del poder neoliberal y, desde antes, cuando el dominio capitalista era abrumador, han tenido en sus manos el destino de la siempre ambicionada Universidad Nacional Autónoma de México, no obstante diversos esfuerzos subrepticios por privatizarla.

Para ocupar la rectoría se han presentado candidaturas de miembros de la academia con excelentes antecedentes curriculares. Sin embargo, la infranqueable barrera administrativa que ha ocupado las oficinas principales del edificio de Rectoría han privado a la comunidad estudiantil de ver y participar en un avance de su calidad educativa. Estamos hablando de la universidad más importante de México.

Por otro lado, la presencia continua de representantes de la clase política en el más alto cargo universitario ha reproducido por más de siete décadas el estilo de gobernar al más claro modus operandi de la derecha priísta empresarial.

El caso más reciente no es la excepción. El rector Enrique Graue ha heredado, como la mayoría de los demás rectores, el compromiso de estar al frente de la administración de la UNAM. La votación dentro del círculo del Consejo Académico exclusivo (15 personas) lo favoreció, pero es claro que la decisión fue tomada por el anterior rector y otros personajes, quienes abiertamente se han manifestado como priístas y a favor del neoliberalismo. El origen ideológico del actual rector, quien es médico oftalmólogo, era bien conocido por la comunidad universitaria; sin embargo, otras propuestas quedaron fuera.

No negamos que Graue tuviera el perfil que se requiere para conducir un centro educativo de esta magnitud, al contar con importantes datos curriculares, como la publicación de varios libros y en torno a 120 artículos en revistas especializadas nacionales e internacionales; además, recibió alrededor de 15 premios por su labor administrativa y académica y le fue otorgado el doctorado h onoris causa por la Universidad de Perú.

Si a cada propuesta para obtener el cargo de rector, el perfil y los requisitos se extendieran hacia aquellos aspectos del orden humanitario, ético y solidario, especialmente, en correspondencia con la población estudiantil que atenderá, se estaría yendo a la par de los más preciados objetivos que propiciaron la creación de la UNAM.

Y no es que no se consideren en la Ley Orgánica de la universidad, sino que no se siguen al pie de la letra. Un ejemplo de ello fue el caso de la acusación que un periódico español de derecha hizo en contra de Yasmín Esquivel Mossa, magistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual, sin la investigación suficiente, afirmó que la tesis de licenciatura de la funcionaria fue plagiada. Hasta la fecha, la propia autoridad competente de la UNAM no resolvió el caso de manera transparente. Por el momento, la acusada ha comprobado que su tesis original fue elaborada por ella misma. Abiertamente, el rector estuvo en contra de la magistrada.

Quedan un número incalculable de hechos a investigar acerca de la honestidad con la que se ha llevado a cabo la administración universitaria. En todos los ámbitos de la vida académica, incluso de la deportiva, han hecho de la UNAM un cuerno de la abundancia, el cual es tiempo de revisar a fondo para evitar la impunidad en cualquiera de sus vertientes.

Consideremos que son 15 personas las que deciden quién dirigirá la Rectoría de una universidad que trasciende fronteras y que es el lugar donde se forman las generaciones de profesionales que sostendrán al país.

La honestidad, así como la integridad, la ética, incluso la laicidad en sus programas de investigación, de cultura, de enseñanza y todo lo referente a la educación integral deben revisarse para actualizar y ejecutar efectivamente la democracia interna que tanta falta hace a la UNAM.

Como se dice en la Ley Orgánica de la institución, debe prevalecer la convivencia sana y fortalecerse el contacto y la participación de la comunidad universitaria en las decisiones que se tomen. La UNAM la hacemos todos.

“El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta: Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México Articulo 1°.- La Universidad Nacional Autónoma de México es una corporación pública –organismo descentralizado del Estado– dotada de plena capacidad jurídica y que tiene por fines impartir educación superior para formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad; organizar y realizar investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales, y extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura.”

Si los conocimientos adquiridos, desde un punto de vista universal, consideraran, además, la situación social de la población objetivo, el resultado del ejercicio profesional en todas las áreas sería de óptima calidad.

Twitter: @AntonioGershens