Ciudad de México. Las modificaciones a la ley minera son un avance importante para frenar la explotación irracional de los recursos minerales del país que llevan a cabo las grandes empresas del ramo, pero no debe descartarse ir después por una reforma integral, consideró el senador de Morena Napoleón Gómez Urrutia.

En entrevista, dijo que está satisfecho por la aprobación, la madrugada de ayer, de esa y otras minutas que el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso en el Congreso, como parte de su proyecto de gobierno.

Hizo notar que pese a los cambios que los diputados hicieron a la iniciativa del Ejecutivo, la reforma –que espera pronto sea promulgada– elimina muchos de los cambios que introdujo Carlos Salinas de Gortari durante su sexenio, que permiten “el abuso y libertinaje de las grandes corporaciones nacionales y extranjeras.”.

Una de las modificaciones más relevantes, señaló, es eliminar el carácter preferente de la actividad minera, porque con ello se impide que las empresas que obtienen concesiones puedan invadir o solicitar la expropiación de terrenos dedicados a actividades agrícolas o de cualquier otra naturaleza.

“Esto es muy importante porque se cometieron muchos abusos con campesinos y con comunidades indígenas, ya que al momento de expropiar sus tierras les pagaban lo que fuera.”

En el caso del consumo de agua, la nueva ley obliga a recircular hasta 60 por ciento del líquido y se prohíbe otorgar concesiones en zonas donde hay escasez.

El dirigente del Sindicato Minero destacó asimismo que se obliga a las empresas que cierran un proyecto de explotación a establecer un plan de remediación de las tierras de la zona, del medio ambiente y del agua. “Hasta ahora, hicieron lo que querían, abandonaban las tierras y se dedicaban a utilizarlas para otros fines, para especular”.

Se trata, insistió, de “un paso fundamental en la nueva ley minera para que la actividad y la concentración de la riqueza en ese sector y la explotación de los recursos naturales del suelo e incluso la mano de obra ahora ya tengan límites”. Se penaliza, resaltó, la violación a los derechos y la seguridad de los trabajadores con cárcel hasta por cinco y 10 años.

Lo que se refiere al cambio en San Lázaro, que se avaló en el Senado, de mantener las concesiones hasta en 80 años, con 30 iniciales y de dos más, de 25 años cada una, comentó que en el caso de la primera renovación, está condicionada a la disponibilidad de agua, que la empresa no haya cometido ningún abuso contra las comunidades, que esté al corriente de pagos de impuestos y en el tercer periodo de 25 años debe pasar a concurso público.

Gómez Urrutia subrayó el respaldo unánime de sus compañeros de Morena para la aprobación por unanimidad de la minuta. “Agradezco el apoyo y que algunos se hayan puesto el casco de minero durante la votación”.

Expuso que insistirá en una reforma integral minera, que incluya el tratamiento fiscal a las empresas, iniciativa que se pudiera retomar en septiembre, luego de realizar un parlamento abierto.