El Congreso brasileño decidió crear una Comisión Parlamentaria de Investigación compuesta por diputados y senadores para averiguar actuaciones y responsabilidades en el intento de golpe de Estado el pasado 8 de enero, que culminó con la invasión y devastación de las sedes de los tres poderes en Brasilia.

Imágenes de miles de manifestantes invadiendo y destruyendo la Presidencia, el Tribunal Superior Federal y el mismo Congreso siguen en la memoria de millones de brasileños.

Hay más de mil detenidos que aguardan decisiones judiciales, pero sigue siendo un misterio quiénes fueron los financiadores y organizadores del intento de golpe incentivado claramente por el ex presidente, el desequilibrado ultraderechista Jair Bolsonaro.

Otra interrogante pendiente de aclaración se refiere al papel que desempeñaron las fuerzas de seguridad y, en última instancia, las fuerzas armadas, principalmente el Ejército.

La aparente pasividad de unos y otros frente a la acción de manifestantes violentos no ha tenido una explicación razonable.

El presidente Lula da Silva se opuso, en un primer momento, a la instalación de la comisión en el Congreso.

El argumento, muy razonable de Lula, era que tanto la Policía Federal como la Justicia estaban dedicadas al tema, y que con la comisión el Congreso retardaría la votación de importantes iniciativas del gobierno.

Sin embargo, había otra cosa: la preocupación de no incitar aún más las resistencias por parte de los uniformados, principalmente en el Ejército, contra él y, por rebote, contra su gobierno.

En sus dos primeros mandatos presidenciales (2003-2010), Lula resistió a las fuertes presiones para instaurar una comisión de la verdad para denunciar el terrorismo de Estado practicado durante la dictadura militar que imperó en Brasil entre 1964 y 1985.

La sucesora, Dilma Rousseff, ella misma víctima de cárcel y violencia en la dictadura, finalmente estableció la comisión.

Pese a que la Ley de Amnistía, decretada en los tiempos finales de la dictadura, impidió que los denunciados fueran llevados a la Justicia –Brasil es el único país de América Latina en que nadie fue castigado por este tipo de hechos–, la revelación de los nombres involucrados en actos de violencia causó un fuerte impacto entre los uniformados.

El golpe legislativo que tumbó a Dilma Rousseff en 2016, así como la elección de Bolsonaro en 2018, contó con un claro respaldo de los cuarteles, en especial del Ejército.

En su gobierno, el ultraderechista esparció a miles de militares, algunos activos, por todas partes: de empresas públicas a ministerios. También distribuyó robustos manojos de dinero y aumentó los sueldos.

Con eso mantuvo la simpatía de los cuarteles, no obstante el desastre que fue su presidencia, que destrozó casi todas las conquistas alcanzadas por los gobiernos anteriores desde 1995.

A tiempo, la Comisión de Investigación tendrá plena mayoría de diputados y senadores aliados a Lula.

Ya se sabe que entre los primeros convocados estarán militares retirados que fueron piezas fundamentales del gobierno de Bolsonaro.

También deberán ser llamados para contestar preguntas militares activos, quienes se mantuvieron impasibles ante a los ataques de los golpistas el 8 de enero, así como comandantes que permitieron campamentos de seguidores de Bolsonaro frente a instalaciones militares.

En los campamentos, financiados no se sabe por quién, había una incitación permanente a un golpe, primero para impedir que Lula asumiera la presidencia y luego para quitarlo del puesto.

Habrá mucho que explicar. Y, pese al profesionalismo de los actuales comandantes máximos de las tres fuerzas armadas, es sabido que, principalmente entre oficiales de rango inferior, el respaldo a Bolsonaro y la resistencia a Lula y su Partido de los Trabajadores son fuertes.

Todavía no se sabe cuándo comenzarán los trabajos de la comisión. Quizá sea en las próximas dos semanas, aunque la tensión ya es palpable, no sólo en el gobierno y la oposición, sino también entre los uniformados.

Lula tendrá que ejercer su reconocido poder de diálogo y conciliación para evitar tropiezos.