Entre el viernes y la madrugada del sábado, el Senado de la República aprobó una veintena de dictámenes y los remitió al Ejecutivo para su promulgación o a los congresos de los estados, en el caso de las dos reformas constitucionales que deben ser ratificadas en cumplimiento del federalismo. Las iniciativas avaladas por la Cámara alta abarcan temas tan importantes como la Ley Minera; la transformación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que da un nuevo énfasis a las humanidades y busca corregir los vicios que padeció esa institución bajo las lógicas neoliberales; el endurecimiento de sanciones a quienes faciliten la producción de fentanilo u otras drogas sintéticas; la llamada ley 3 de 3, que inhabilita para ocupar cargos de representación popular a deudores alimentarios morosos, así como a sentenciados por violencia familiar y delitos sexuales; la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi); la reforma constitucional que disminuye la edad mínima para ser diputado federal y secretario de Estado, entre otras.
Todas las modificaciones fueron votadas en la antigua sede del Senado en Xicoténcatl, adonde se trasladaron los legisladores de Morena y sus aliados después de que la oposición tomó la tribuna en el salón de plenos de Reforma e Insurgentes. Además, tuvieron que sesionar en un patio porque la senadora panista Xóchitl Gálvez se encadenó a una silla en la tribuna de la sede alterna. Esta accidentada sesión fue sólo el desenlace de una serie de jornadas en que las bancadas opositoras intentaron paralizar los trabajos legislativos, tanto por su sabotaje sistemático a todas las propuestas emanadas del gobierno federal o del partido gobernante como por el conflicto en torno al nombramiento de un nuevo comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Más allá de los razonables cuestionamientos sobre la idoneidad de votar y aprobar medidas tan trascendentales en el espacio de unas horas, los eventos que se sucedieron en los días finales del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión obligan a reflexionar acerca del papel de las fuerzas opositoras en la vida política contemporánea del país. Cabe llamar la atención sobre dos momentos claves: el primero, cuando naufragó el pacto cupular entre el coordinador de los senadores morenistas y los partidos de la derecha para llevar al INAI a un individuo impresentable por su indisimulada militancia y sus conflictos de interés; el segundo, cuando se hizo evidente que el oficialismo avanzaría su agenda tal como se lo permite la mayoría obtenida en las urnas y en congruencia con el programa político comprometido con la ciudadanía.
Ante estas derrotas, el espectro opositor renunció a la institucionalidad y optó por maquillar su carácter minoritario con una serie de gestos histriónicos rayanos en el ridículo, con puntos tan bajos como la “pijamada” protagonizada por legisladores panistas (incluidos los supuestamente independientes del Grupo Plural) o el encadenamiento de Gálvez a una silla, en un lance escenográfico sin consecuencia alguna, pues la votación que buscaba evitar se llevó a cabo a unos metros de ella. Es cierto que la toma de la tribuna y otras tácticas para retrasar trámites legislativos forman parte de la vida parlamentaria aquí como en muchas otras democracias, pero lo que la sociedad presenció esta semana no fue el esfuerzo de propiciar un debate o la defensa del interés nacional, sino actuaciones que pueden calificarse de berrinche.
Al mismo tiempo que dentro de las sedes senatoriales se vivían estas escenas, los medios de comunicación y las organizaciones afines a la oposición intensificaron su campaña de informaciones falaces tergiversando el sentido y el contenido de las reformas aprobadas. La ciudadanía debe estar prevenida frente a estas distorsiones que enrarecen el debate público y hacen pasar las afectaciones a intereses oligárquicos como riesgos para el país.
