Se acaba de aprobar, con cuestionables maniobras, una ley de ciencia bipolar. Por una parte se encuentran declaraciones generales avanzadas. Es loable que se establezca el derecho humano a la ciencia. También hay pronunciamientos generales en torno a la libertad de investigación y de cátedra.

Se plantea que la política pública deberá promover todas las formas de conocimiento, por lo que propiciará la pluralidad epistémica, reconociendo la diversidad y el valor de los conocimientos tradicionales, así como el uso de categorías propias, sus formas de producirlas y sus múltiples utilidades sociales.

Se dice que se realizará una definición democrática de la Agenda Nacional para atender y afrontar las necesidades, problemáticas y retos contemporáneos de la sociedad mexicana. Esa definición tendría que hacerse por medio de la participación de la comunidad a nivel local, regional y nacional, así como al interior de las universidades, instituciones de educación superior y centros de investigación. Se habla de distribución equitativa y proporcional de los recursos públicos destinados a apoyar la investigación, así como su uso óptimo y transparente; también del mantenimiento y mejoramiento continuo de la infraestructura y los equipamientos indispensables para la investigación.

Pero, fuera de lo retórico y de un nominalismo esencialista que considera que poniendo palabras se resuelven los problemas, no hay un aterrizaje congruente de cómo se conseguirá en los hechos todo eso. Hay declaraciones y promesas sin elementos que las traduzcan en acciones. Por otra parte, existen muchos puntos establecidos que indican un control gubernamental, un verticalismo y posiciones excluyentes que no garantizan, sino disminuyen el ejercicio de derechos. Se invita a investigar y divulgar con un dinamismo muy democrático.

No obstante, este ímpetu se contradice por las estructuras que sí se proponen y que no son afines a las proclamas generales sin aterrizaje. No puede haber plena libertad de investigación ni de docencia si se llega a demandar una obediencia burócrata a lo que pueda imponer la cabeza de sector. El proceder horizontal y colegiado propio del espíritu científico es contrario a la generación de decisiones verticales de las burocracias.

Se especifica que las y los investigadores de los Centros Públicos de Investigación deben observar los principios que rigen el servicio público donde se encuentra la disciplina y la estructuración jeráquica. Habría que tener en cuenta que libertad de investigación tiene que ver con autodeterminación y no dependencia.

Otra cuestión muy preocupante es que hay una estructura del Consejo Nacional donde las voces externas no están establecidas sino dejadas al arbitrio de quienes las inviten. Se habla de libertad de investigación, pero pudieran privilegiarse ciertas temáticas en detrimento de otras. Se plantea con mucho énfasis la doble vía: ciencia básica y ciencia aplicada.

Pero el modelo operativo privilegia la segunda pues las temáticas se deciden desde arriba y se margina la primera. Otra cuestión tiene que ver con la tendencia a la unificación y estandarización, las cuales no necesariamente redundan en beneficio, sino que suelen limitar la riqueza de lo plural. Puede haber muy buena convergencia de muchos diferentes y no una imposición de un solo modelo.

Parecería buena la determinación de que el monto anual que se destine a la investigación no sea inferior a lo aprobado en el ejercicio anterior, pero esto quedaría expuesto a los detrimentos inflacionarios y la ciencia no tendría una meta definida por alcanzar, sino quedaría estancada. Otra preocupación es que se abrió a la peligrosa militarización que ha ido avanzando. Sintetizando, se trata de una legislación que tiene algunos elementos progresistas en lo declarativo, pero que es onerosamente recesiva en lo operativo.

Habría que liberarse de las imposiciones cupulares tanto mercantiles como estatales. Ciertamente la relación entre ciencia y política es altamente compleja y problemática. La ciencia necesita apoyo económico que no esté condicionado por parte del Estado a realizar sus dictados, pues los recursos estatales que provienen del conjunto social tienen que ponerse al servicio de ese conjunto. Sería deseable que se buscara una ciencia societal en verdadero y no simulado ni trampeado diálogo horizontal desde abajo. Si gira verdadera y no discursivamente alrededor de las necesidades de la gente, la ciencia avanza, y sus resultados son benéficos para la sociedad. En la relación entre la ciencia y sociedad se deben salvaguardar la libertad, autonomía y creatividad científicas. La ciencia tiene que servir a las problemáticas vitales de la humanidad y respetar con sumo cuidado el bienestar del planeta.

* Jo rge Alonso es Profesor-investigador emérito del CIESAS.