Guasave, Sin. Sinaloa, un estado clave para la agricultura nacional y de exportación, situado en el tercer lugar nacional en ese rubro, sólo por detrás de Michoacán y Jalisco, no ha podido mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores del campo, la mayoría indígenas migrantes de Guerrero, Oaxaca y del norte de Chihuahua.

El cuerpo semienterrado de una niña de 4 años en un canal de riego de la sindicatura Juan José Ríos, municipio de Guasave; el caso de 11 menores hospitalizados por desnutrición y la muerte de al menos siete por esa causa o por enfermedades respiratorias, sacó a la luz las precarias condiciones en las que viven miles de jornaleros que son llevados a los campos sinaloenses a laborar.

Cada año arriban al estado entre 200 mil y 400 mil trabajadores agrícolas, según datos oficiales. Muchos llegan a los campos de Guasave donde radican por temporadas en las llamadas cuarterías; en la mayoría de éstas falta higiene y agua potable, hay hacinamiento y no hay alimentos.

“Un problema de siempre, nada nuevo”, sólo que el fallecimiento de los menores expuso de nuevo la precaria situación de los jornaleros agrícolas, señaló Martín Ahumada, alcalde de Guasave.

El primer caso del que se tiene constancia ocurrió a finales de 2022, en una estancia de la comunidad Ruiz Cortines, del mismo municipio; una bebé de 7 meses murió de hipotermia. El segundo, fue el caso de Ramoncito, de seis meses; el 6 de marzo pereció por neumonía, también en Ruiz Cortines; sus padres no contaban con seguridad social.

El 18 de marzo, Lupita, de 9 meses, fue encontrada sin vida en el piso de una vivienda, en Juan José Ríos. Falleció por infección en las vías respiratorias.

El 21 de marzo fue hallada la ni-ña de 4 años semienterrada en la orilla de un dren. Al principio se consideró “infanticidio cometido por su madre”, una indígena rarámuri que no habla español. Posteriormente se dijo que pereció de infección pulmonar. La madre está detenida y se lleva a cabo un juicio para fincar responsabilidades.

El 26 de marzo, un bebé de seis meses, de un poblado cercano a Juan José Ríos, murió por deshidratación. Dos días después, en la sindicatura de Nio, en Guasave, un niño falleció por un mal respiratorio. El 31 de marzo, a Nancy, de 7 meses, le dio neumonía; vivía con sus padres jornaleros en una de las cuarterías de Juan José Ríos; la bebé estuvo internada siete días en el Hospital General de Los Mochis.

El último deceso se registró el 10 de abril: una menor de un año cuatro meses perdió la vida a causa de neumonía.

El jefe de la jurisdicción sanitaria número 2 de la Secretaría de Salud estatal, Everardo Cárdenas, explicó que en lo que va de 2023, tienen registrados 38 casos de tuberculosis; ocho de esos contagios en jornaleros agrícolas; pero no los tienen identificados porque siempre están en constante movimiento por sus labores.

No tienen seguridad social

Mauricio, un joven de 20 años que se gana la vida llenando costales de pepinos, no acudió a trabajar porque amaneció con dolor en el pecho. Su único recurso fue atenderse en la farmacia del poblado porque no tiene servicio médico ni seguridad social. Dijo que dejó de ganar 600 pesos que obtiene en promedio por su jornada laboral de lunes a sábado, de las 7 a las 15 horas.

Juan, trabajador migrante, viste unos pantalones que alguna vez fueron blancos, una playera con agujeros que asoman la piel requemada por el sol y una camisa desabotonada, tenis rotos y cachucha.

No es la primera vez que va a Sinaloa, ha estado en otros campos. Narró que lo contrataron en su pueblo (no dijo cuál), “y como ya había venido me apunte”, contó.

Él vivía en las cuarterías de Juan José Ríos, clausuradas por la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (Coepriss), por las deplorables condiciones. Lo llevaron a vivir a un albergue temporal habilitado frente a la comisaría, donde las autoridades se han encargado de llevarles despensas, cobijas y agua.

Randy Rosa Álvarez, titular de Coepriss, explicó que realizaron un recorrido y ubicaron siete predios donde los jornaleros vivían en condiciones deplorables; las viviendas son de lámina y cartón, la mayoría sin servicios básicos.

La ayuda y la atención llegó por instrucciones del gobernador del estado, el morenista Rubén Rocha Moya, quien solicitó brigadas de atención de diversas secretarías, como Bienestar, Salud, Desarrollo Social y la Secretaría de la Mujer, con especial atención en la comunidad de Juan José Ríos.

Por su parte, el titular de la Dirección del Trabajo y Previsión Social del estado, Ascención Zepeda Rocha, consideró que es importante la revisión que está haciendo a las cuarterías, pero también se debe cuestionar la responsabilidad de los horticultores y propietarios de los predios para que proporcionen una vida digna a los trabajadores.

Mientras, Marte Vega Román, presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas en la entidad, dijo que la situación que viven los jornaleros son ajenas a los agricultores, pues algunos “pasan de campo en campo”, es decir se contratan por temporadas en una zona y después se van a otra.

Donde alojan a las familias de jornaleros se les conoce como cuarterías, la mayoría son habitaciones improvisadas instaladas en los patios de las casas. Las construyen de lámina galvanizada, de asbesto, palos de madera, hules y piso de tierra, y se les rentan a los trabajadores durante el tiempo de cosecha.

En tres sindicaturas de Guasave se concentran 130 espacios; 35 en Juan José Ríos; 85 en Adolfo Ruiz Cortines,y en Leyva Solano hay 10, según datos del ayuntamiento.

En una visita a la estancia de la calle 14, en Juan José Ríos, La Jornada constató que hay diferentes espacios habilitados como “vivienda”; algunos cubiertos sólo con sabanas y palos de madera. La dueña del predio narró que su hijo, un conductor de camión, les presta el solar a los jornaleros y no les cobra renta.

Sólo hay tres letrinas al aire libre

A unas cinco casas, detrás de un gran portón de láminas se pueden ver pequeños cuartos, unos 60 en total, de tres por tres metros, que tienen techo y paredes de lámina galvanizada.

Hay 20 de cada lado y al centro el mismo número. Sólo hay tres letrinas al aire libre. En la parte de enfrente se observan tenderos de ropa que delatan presencia de familias con niños.

En lunes, día hábil para los jornaleros, los hermanos Mauricio y Fabiola, originarios de Chihuahua, permiten el paso al lugar. La mujer explica que por habitar esas “viviendas” no les cobran renta; pero las desocupan en cuanto termina la temporada de cosecha, y sólo quedaban pocas personas.

Durante el recorrido en Juan José Ríos y Ruiz Cortines, se detectó que una empresa agrícola, desde hace tres años alquila un albergue para las familias que ahí laboran.

El sitio tiene 80 habitaciones y atiende a 76 niños donde les dan servicio médico, escuela primaria y prescolar con tres maestras que reciben una beca del Consejo Nacional de Fomento Educativo. Y los trabajadores cuentan con Seguro Social.

Los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso estatal acudieron el 22 de marzo reciente para revisar las cuarterías de Juan José Ríos, donde darían seguimiento a los casos de los hijos de los jornaleros agrícolas que padecen graves problemas de desnutrición y diversas enfermedades; sin embargo, de regreso a la legislatura no presentaron ningún punto de acuerdo al pleno.

(Con información De la Redacción)