En el último tramo legislativo aún sin exagerados y paralizantes atrincheramientos partidistas por la sucesión presidencial, el presidente López Obrador ha impulsado una serie de cambios legales que intentan dar una nueva fisonomía y armado a áreas sensibles de la administración pública.

Tales propuestas de modificaciones (ya aprobadas en la cámara de diputados, entrampadas en la de senadores) han provocado irritación en sectores opositores a la llamada Cuarta Transformación (4T), por los contenidos e intenciones en sí (buscan aumentar el control autoritario de los asuntos públicos, señalan los objetores) pero también por los métodos utilizados (el mayoriteo en las cámaras, como en su momento lo hicieron PRI y PAN).

El menú reformista es amplio y de diferentes picores. Irritante en especial ha sido para opositores y otros críticos la transferencia de las funciones del Instituto de la Salud para el Bienestar (Insabi) al sistema IMSS-Bienestar. El tema de la salud pública (desabasto de medicinas, falta de equipo, material y médicos) no ha podido resolverse conforme a las promesas gubernamentales y ahora es válido preguntarse si resultará positivo pasar la carga del fallido instituto sexenal (Insabi) al histórico (IMSS), que es marcadamente insuficiente.

Otro punto polémico es el relacionado con las nuevas facultades y asignaciones a las cada vez más poderosas fuerzas armadas. En la batería de asuntos aprobados en San Lázaro está el de destinar a la Sedena y sus nuevas empresas cuatro quintas partes del cobro a turistas extranjeros conforme al rubro de “visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas”; además de darle mayor control sobre el espacio aéreo.

En la lista de reformas aprobadas con dispensa de trámite, en una sesión que duró 24 horas, destaca la remodelación de lo que ha sido el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en el contexto de una larga lucha de nuevas autoridades que buscan remover inercias y privilegios facciosos pero sin la capacidad de consolidar tales cambios y con riesgo de instalar las propias distorsiones grupales. En el caso de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (abreviado: Financiera Rural), que desaparece, también es nebulosa la manera en que ahora se cumplirán los propósitos de transformación positiva en esos campos.

Igualmente se aprobó una serie de modificaciones relacionadas con licitaciones públicas, asignaciones directas, combate a la corrupción y transferencia de contralorías y oficialías mayores de secretarías de Estado, hasta ahora bajo control de Hacienda, a la difuminada Secretaría de la Función Pública.

El ciclo legislativo iniciado en San Lázaro deberá ser cerrado en la cámara de senadores, pero la oposición se niega a avanzar en el proceso mientras no se designe cuando menos a un comisionado para el instituto de transparencia conocido como INAI y se aprueben otras normas, entre ellas la llamada ley 3 de 3 que inhabilita a violentadores para ocupar cargos de elección popular.

Ayer parecía que el proceso senatorial se destrabaría mediante un acuerdo, anunciado por Ricardo Monreal, para nombrar al comisionado (en el caso, Ricardo Salgado Perrilliat, de altas calificaciones en el esquema del INAI repelido por Palacio Nacional y con relaciones específicas con corrientes anti-4T). A la hora de las votaciones, el segmento morenista que no concuerda en automático con Monreal votó de tal manera que la oposición consideró roto el compromiso difundido por el zacatecano. Y las opositoras (es decir, las mujeres especialmente) tomaron la tribuna, obligaron a declarar un receso (que se espera levantar este viernes) y aseguraron que se mantendrán ahí hasta que se cumplan sus demandas.

Ya se verá si el morenismo logra hoy reinstalar el proceso para sacar adelante las reformas mencionadas párrafos atrás, con el reloj del periodo ordinario de sesiones ya en las últimas. ¡Hasta el próximo martes!

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