Ciudad de México. El gobierno federal modificó su postura de obtener una sentencia condenatoria para Emilio Lozoya Austin, y aceptó alcanzar un acuerdo reparatorio por un monto de 10.7 millones de dólares y otorgarle un criterio de oportunidad para retirarle los cargos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho por haber recibido sobornos en los casos Odebrecht y Agronitrogenados.

La defensa del ex director de Pemex, preso desde noviembre de 2021 en el Reclusorio Norte, confió en firmar el convenio con la Fiscalía General de la República (FGR), Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Petróleos Mexicanos (Pemex) en los próximos 15 días.

Antes de la audiencia en la que se anunció la negociación entre las autoridades y Lozoya Austin para alcanzar el acuerdo reparatorio, el litigante Miguel Ontiveros Alonso insistió en que están dadas las circunstancias para que el ex presidente Enrique Peña Nieto sea extraditado desde España para que enfrente a la justicia mexicana pues, afirmó, es el principal beneficiario de los sobornos de Odebrecht.

“Emilio Lozoya ha aportado suficientes pruebas que señalan al ex presidente Enrique Peña Nieto de ser el responsable de un aparato organizado de poder enfocado en la corrupción, tal y como sucedió con el ex presidente de Perú (Alejandro Toledo), que fue extraditado desde Estados Unidos por el caso Odebrecht, acusado de recibir 35 millones de dólares.

“También en este caso hay suficientes condiciones para que el ex presidente de México sea extraditado desde España y vuele, digamos, directamente desde el campo de golf al AIFA (Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles) y de ahí directamente a este centro de justicia para que responda las acusaciones formuladas por Emilio Lozoya Austin en la denuncia que es pública y que es sólida tal y como lo confirmó el señor Presidente de México, en el sentido de que está probado que senadores, diputados y distintos actores recibieron sobornos en efectivo para la aprobación de la reforma energética”.

En ese contexto, y una vez que se estableció que se realizará la negociación entre los representantes de la FGR, la UIF y Pemex, Ontiveros Alonso refirió que Lozoya Austin seguirá colaborando con las autoridades para que “los verdaderos responsables de los hechos encabezados por Enrique Peña Nieto, ex presidente de México, y sus colaboradores más cercanos respondan a la justicia”.

Una vez consolidados los acuerdos, el Ministerio Público Federal debe proceder a solicitar una audiencia judicial en la cual retire los cargos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa para el ex director de Pemex, su madre Gilda Austin, su hermana Gilda Susana y su esposa Marielle Helene Heckes, con relación a las acusaciones que se les formularon por los casos Odebrecht y Agronitrogenados.

Durante la audiencia realizada en el área de juzgados federales del Reclusorio Norte y encabezada por el juez Gerardo Genaro Alarcón López, la defensa de Lozoya Austin solicitó a los representantes del gobierno federal que mantengan entre las condiciones ya establecidas en las pláticas iniciales y que habían sido aceptadas que se mantengan los montos reparatorios solicitados por Pemex y UIF, los cuales ascienden en total en ambos procedimientos penales a 10 millones 736 mil 351 dólares.

En su oportunidad, los representantes de las instituciones federales señalaron que llegaron a esta audiencia con la instrucción de no oponerse al diferimiento de la diligencia en la que se desahogaría la etapa intermedia del proceso y restablecer las negociaciones.

Con ello se modificó lo que en cuatro ocasiones anteriores había sido la postura del gobierno federal de avanzar en el proceso penal y anunciar que solicitarían condenas que alcanzarían penas de más de 50 años de prisión para Lozoya Austin.

En la audiencia, Lozoya declaró: “Ya llevamos muchos años cooperando y hemos accedido a las peticiones de la FGR y de las otras partes, ello no refleja que esté de acuerdo con las acusaciones o con que acepte alguna responsabilidad en los cargos. Es sorprendente que sigan echando largas para este acuerdo mientras que otro coacusado, el señor Alonso Ancira, logró el acuerdo que no se me ha permitido. Yo le pediría que no se utilice la prisión preventiva o la persecución de mujeres para intentar un incremento en los montos de la reparación del daño, pues ello va contra mis derechos”.

La próxima audiencia quedó formalizada para el 18 de julio.