Un juez de control vinculó a proceso al ex jefe delegacional de Benito Juárez Christian von Roehrich, acusado de encabezar una red de corrupción en el sector inmobiliario en la demarcación, por su probable participación en la comisión de los delitos de uso ilegal de facultades y atribuciones cometido por servidor público, así como por asociación delictuosa

En la continuación de la audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión, que se prolongó por ocho horas, le ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada que le impuso hace unos días ante el riesgo de que pudiera sustraerse de la acción de la ley.

De esta manera, permanecerá en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte –adonde el pasado viernes fue trasladado luego de ser deportado de Estados Unidos– durante los cuatro meses que el impartidor de justicia fijó para el cierre de la investigación complementaria.

Al término de la audiencia, que se realizó en las salas de oralidad del Poder Judicial de la Ciudad de México ubicadas en la colonia Doctores, su abogado, Miguel Olmedo, señaló que “lo único que voy a decir es que el señor fue vinculado a proceso”.

Rechazó hablar más del tema, pero precisó que, “evidentemente, por respeto a las partes procesales, se le ratificó la medida cautelar y se dio un plazo de investigación complementaria de cuatro meses”, retirándose del lugar custodiado por elementos del Grupo Especial de Traslados de la policía procesal.

Otras actividades ilícitas

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia, el ex jefe delegacional de 2015-2018 probablemente encabezó una red de corrupción formada, por funcionarios de la alcaldía Benito Juárez, y realizó actividades financiera ilícitas, por lo que se le imputó también su posible participación en el delito de asociación delictuosa.

Los ex directores de Jurídico Luis Vizcaíno, y de Obras Nicias Aridjis, vinculados a proceso por su probable participación en el delito de enriquecimiento ilícito, habrían realizado actividades financieras ilícitas a nombre de otros funcionarios.

Dichas personas probablemente se encargaron del otorgamiento de permisos ilegales de construcción, desalojos violentos y extorsiones a empresarios, mediante la solicitud de sobornos en efectivo y/o departamentos, dentro de dicha red.

Martín Hernández, quien perdió a su esposa y a su madre al derrumbarse el desarrollo de Zapata 56, colonia Portales, en el sismo de 2017, por “malas prácticas de construcción y más niveles de los autorizados, al contar con el permiso de esos funcionarios”, solicitó que se le reconozca como víctima en la causa penal contra el también ex diputado local del Partido Acción Nacional.