El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) celebró la aprobación del dictamen de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación en la Cámara de Diputados, y destacó que se avanza hacia la primera ley general que reivindica el derecho humano a la ciencia y el carácter humanístico de la política científica.

El dictamen, que pasó al Senado para su discusión, incluyó cambios, aunque no modifica de fondo la propuesta presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues fusiona el título segundo de la citada ley, referente a la política pública, con el título primero, relativo al derecho humano a la ciencia, y crea un nuevo título cuarto, que establece el derecho a la información científica, lo que incluye repositorios, ecosistemas nacionales informáticos y una red de cómputo científico de alto rendimiento.

En tanto, las academias Mexicana de la Ciencia, así como de Ingeniería y Medicina, denunciaron que la aprobación del dictamen se realizó “sin honrar el compromiso con el diálogo y la apertura hacia la comunidad académica”, pues se votó en el pleno sin concluir con los foros de parlamento abierto, y pese a las “múltiples preocupaciones” expresadas por grupos científicos respecto al proyecto de ley.

En un pronunciamiento público, los consejos directivos de las citadas academias confiaron que en el Senado se escuche a los sectores de la comunidad científica que se oponen a su aprobación, antes de que sea votado el dictamen.

Por su parte, el Conacyt indicó que el dictamen aprobado establece expresamente la reivindicación de las humanidades y sus disciplinas, pues en toda referencia al “conocimiento científico” también se incluyó la relación con el “conocimiento humanístico”.

Garantiza que las personas tienen libertad de manifestar sus opiniones sin censura alguna, y confirma que las entidades participarán en la integración del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación y en la agenda nacional.

Además de mantener el principio de progresividad y no regresión en los recursos federales destinados al sector, indica que el Estado debe promover la participación de la banca de desarrollo y los organismos internacionales en el financiamiento.

En cuanto a las becas, se subraya que se deberán asignar, independientemente de la situación laboral del estudiante y se amplían las entidades para estatales que pueden ser reconocidas como centros públicos.

En la junta de gobierno del consejo nacional se amplía a ocho los representantes de la comunidad académica, así como de los sectores social y privado, los cuales se renovarán periódicamente para garantizar el carácter plural e incluyente de este órgano de gobierno.