Los titulares de las autoridades regulatorias de Cuba, Colombia y México firmaron ayer la Declaración de Acapulco para la creación de la Agencia de Medicamentos y Dispositivos Médicos de Latinoamérica y el Caribe (Amlac), “mecanismo para contribuir a la integración regional mediante la armonización y la convergencia en la regulación sanitaria, en procura del acceso a medicamentos y dispositivos médicos seguros, eficaces y de calidad”. En el encuentro al que también acudieron el secretario de Salud, Jorge Alcocer, los embajadores de los países signatarios más Honduras, y el coordinador de la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), Douglas Slater, se invitó a Argentina, Brasil y Chile a sumarse a esta iniciativa lanzada en enero pasado en el marco de la Cumbre de Jefes de Estado de la Celac.
La Declaración de Acapulco tiene un gran valor por su potencial para impulsar la autosuficiencia sanitaria de la región, hacer efectivo el derecho a la salud y prevenir situaciones como la que se vivió al irrumpir la pandemia de covid-19, cuando las naciones ricas acapararon desde cubrebocas y ventiladores mecánicos hasta vacunas, dificultando las labores de combate al coronavirus en los países de ingresos bajos o medios.
Pero la relevancia trasciende a su ámbito específico, pues significa un nuevo avance en la actual modalidad de integración latinoamericana, de la que México ha sido protagonista. En este sentido, el antecedente inmediato de la Amlac es la Alianza de Países de América Latina y el Caribe contra la Inflación, que apenas el día 5 de este mes acordó un amplio conjunto de acciones destinadas a “abaratar los costos de productos de la canasta básica y bienes intermedios para la población más pobre y vulnerable”.
Esta fase de los esfuerzos integradores se diferencia de la que fue impulsada durante el primer ciclo de gobiernos progresistas latinoamericanos a inicios de siglo por la ausencia de grandes organismos multilaterales como la Celac, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) o, con otros matices, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba). En cambio, esta vez se apuesta por acciones más modestas, pero también más concretas y de aplicación específica. Este enfoque es saludable en la medida en que busca resolver problemáticas urgentes de la región (como las presiones inflacionarias y el acceso a insumos médicos y farmacológicos), al mismo tiempo que aborda de manera realista las inocultables diferencias políticas entre los estados latinoamericanos y caribeños.
Privilegiar este camino no implica renunciar a la búsqueda de metas más ambiciosas, como el remplazo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) por una instancia de mediación funcional, imparcial e independiente de Washington; el relanzamiento de un Mercosur ampliado o el fortalecimiento de la Celac. Cabe, pues, desear éxito a la Amlac en el logro de sus objetivos.
