Tegucigalpa. Armados con fusiles, una docena de policías ingresaron a una barriada en la ladera de un cerro de la capital de Honduras en busca de pandilleros, en un operativo similar a las redadas impulsadas por el presidente Nayib Bukele en El Salvador.

En Honduras dos pandillas, la Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, se han dividido el territorio. Imponen sus reglas y obtienen dinero con venta de drogas, sicariato, cobro de extorsiones y otros delitos.

Para combatir a las pandillas, desde el 6 de diciembre rige en Honduras un estado de excepción que permite arrestos sin orden judicial, semejante al que está en vigor desde hace un año en El Salvador.

El despliegue militar en las calles no es nuevo en este país, uno de los más violentos del mundo a pesar de que cerró 2022 con la tasa de homicidios más baja en 16 años.

Las acciones del gobierno tuvieron una respuesta. A principios de mes, pandilleros presos se enfrentaron en cuatro cárceles, con saldo de un muerto y siete heridos.

En respuesta, la presidenta Xiomara Castro ordenó una intervención que incluye un “desarme real” y combate a autoridades penitenciarias corruptas que dejan ingresar fusiles, granadas, teléfonos y drogas a cambio de dinero.

Los pandilleros dirigen desde las prisiones operaciones del crimen organizado en el exterior, por lo cual el gobierno ordenó también la intervención de las comunicaciones en los penales.

Sin embargo, los enfrentamientos se repiten casi a diario en diferentes penales.

Bukele ha encarcelado a más de 67 mi presuntos pandilleros, con redadas que abarcan municipios completos. Sin embargo, sus métodos son criticados por la Iglesia católica, la Organización de Naciones Unidas y organismos de derechos humanos.

En Honduras la campaña antipandillas cosecha modestos frutos hasta ahora, según expertos.