Santiago. Pese a que el estado de excepción constitucional y el consiguiente despliegue militar en el Biobío y la Araucanía, en el sur de Chile, se prolonga casi sin pausa desde hace 18 meses, la insurgencia mapuche continúa activa y en días recientes lanzó una escalada de ataques contra la industria forestal.

En lo que va de abril hubo al menos 15 operaciones de sabotaje en las que se quemaron decenas de camiones, maquinarias agrícolas y forestales, bodegas donde se acopiaban cosechas y corte de carreteras.

Mostrando coordinación, la madrugada del martes, rebeldes del grupo Liberación Nacional Mapuche (LNM) actuaron simultáneamente en tres lugares distantes entre sí: Cañete (Biobío), Lautaro (La Araucanía) y Panguipulli (Los Ríos), las tres regiones donde tiene lugar el conflicto con el Estado chileno para recuperar los territorios históricos y obtener autonomía.

La presencia de tropas comenzó en octubre de 2021 con el gobierno de Sebastián Piñera y continuó hasta marzo de 2022, cuando el recién asumido mandatario Gabriel Boric decidió no prorrogarla. Pero volvió a aplicarse desde el 16 de mayo de 2022 y sigue hasta el presente.

Cuando Boric inició su presidencia, en marzo de 2022, ofreció dialogar con los mapuches, incluso con las organizaciones armadas, y envió a su entonces ministra del Interior, Izkia Siches, a una visita no concertada a la comunidad de Temocuicui, pero cuando ella iba en camino, su caravana fue ahuyentada con disparos al aire.

El diálogo nunca se concretó y el gobierno respondió con la militarización, aunque en noviembre de 2022, durante una visita a la zona, el gobernante se comprometió a que en marzo de 2023 anunciaría una “comisión por la paz y el entendimiento” con el mandato de determinar la demanda de tierra de las comunidades mapuches y proponer mecanismos para saldar la deuda histórica.

No obstante, la comisión no ha sido anunciada.

Según el recuento oficial, en lo que va del año se han cometido casi 50 ataques.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, afirma que en comparación a 2022, los ataques incendiarios bajaron 21 por ciento; de inmuebles incendiados, 39 por ciento; de usurpaciones, 65 por ciento, y los homicidios, 56 por ciento. Pero admitió que durante abril hubo “un incremento preocupante de ataques incendiarios, que pasaron de 9 a 15. Es decir, un aumento de 67 por ciento”.

Y admitió que “si sumamos a eso los ataques que hubo entre la noche de ayer y la madrugada de hoy (miércoles), esos números seguramente empeorarían”.