A poco más de dos años de que cuatro policías municipales asesinaron en Tulum, Quintana Roo, a la salvadoreña Victoria Salazar, el caso no ha avanzado ni ha habido reparación del daño ni apoyo para las hijas de la víctima, informó el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), que representa a la familia de la ahora finada junto con la Fundación para la Justicia y Asylum Access México. Lorena Cano, coordinadora jurídica del Imumi, explicó que dichos organismos piden juzgar por feminicidio a los agentes implicados, ya detenidos. Argumentó que el 27 de marzo de 2021 los uniformados que sometieron a Victoria hicieron un “uso excesivo y totalmente desproporcional de la fuerza”, y no sólo se trató de una violencia contra una mujer, “sino contra una con diferentes interseccionalidades: era extranjera, refugiada, de baja escolaridad, no tenía asistencia o apoyo y tenía dos hijas adolescentes”. Victoria fue reconocida en 2018 como refugiada tras haber sido víctima de violencia sexual y de género en su país de origen, recordó Cano. Añadió que el proceso penal no ha avanzado por dilación del propio juzgado y porque los policías intentan “evitar que se les juzgue por feminicidio; quieren que sea por homicidio culposo”.